Educación y Estado Comunal

Francisco José Virtuoso SJ

La idea del Estado Comunal llegó hasta el sistema educativo. Primero fue la Resolución 058 e inmediatamente después se rescata el proyecto de Ley de los Consejos Estudiantiles Universitarios. En ambos casos se dice que se pretende democratizar la gestión educativa con base en el modelo sociopolítico de la democracia participativa. Este es una aplicación de las comunas que sustituirán al municipio como unidad política primaria y de los consejos obreros que dirigirán las fábricas y las empresas.

El Estado Comunal se pretende legitimar a través de un proceso de discusión colectiva que servirá de insumo para la proclamación del Segundo Plan Socialista de la Nación en enero de 2013. Sin proceso constituyente y sin reforma constitucional se busca cambiar nada menos que la forma de Estado consagrada en la Constitución vigente, argumentando que en el fondo no se trataría más que de una versión de democracia participativa, más radical y protagónica de la ciudadanía.

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Ley contra los delitos mediáticos: Primero los derechos humanos, no la seguridad de la nación

Carlos F. Lusverti

En su reciente intervención ante la Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República, con motivo de la propuesta de ley contra los delitos mediáticos indicó:

“Constituye un valor constitucional la protección a la seguridad de la Nación, y este valor, si lo colocamos frente a la libertad de expresión, debe prevaler la seguridad de la nación, siendo su defensa responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, personas naturales o jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional.” Vea la fuente original en documento de la Fiscalía General

La Fiscal comete un error pues subordina los derechos humanos a la seguridad de la nación cuando es al revés: la seguridad de la nación está subordinada a los derechos humanos, es decir que la seguridad de la nación existe para proteger a los derechos de las personas. Contrario a la opinión de la Fiscal, la Constitución a texto expreso dispone en general la preeminencia de los derechos humanos (Art. 2) no de la seguridad del Estado. Si bien es cierto que la seguridad de la nación es importante, ella es instrumental al verdadero fin del Estado: la defensa y protección de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la libertad de expresión e información. (Art. 326).

Si bien las normas sobre derechos humanos (Art. 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos) admiten restricciones a la libertad de expresión en función de asegurar la protección de la seguridad nacional y el orden público; dichas restricciones no pueden desnaturalizar el contenido del derecho, siendo aquellas estrictamente necesarias. Ello significa que tales limitaciones deben estar previstas en detalle en las leyes y no quedar sometidas a regulaciones vagas u oscuras, que conlleven a restricciones o censura indirectas que “impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” como la que puede derivarse en casos de autocensura por el temor a sanciones desproporcionadas.

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La provisionalidad judicial en Venezuela de nuevo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: quien pierde es la gente

Carlos F. Lusverti

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado nuevamente al estado venezolano por la destitución de una jueza. Es el caso de destitución de María Cristina Reverón Trujillo; quien fue destituida de su cargo de juez provisoria en 2002; y que después de haber sido reconocida la arbitrariedad de su destitución por el propio Tribunal Supremo de Justicia en Sala Políticoadministrativa se le impidió reintegrarse a su cargo bajo el argumento de la necesidad de realizar concursos para proveer los cargos de jueces.

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Editorial Sic 716: La legalidad abolida

Editorial Sic 716. Julio 2009

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Por distintas vías jurídicas se ha creado una nueva institucionalidad cuyo adjetivo común, aparente, es el socialismo. Esta nueva institucionalidad se funda entre otras normas en los 31 decretos leyes emitidos durante 2007 y 2008, la legislación recientemente sancionada por la Asamblea Nacional, las interpretaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el conjunto de decisiones que, fundamentándose sobre esos instrumentos, ha tomado la administración pública.

Aparente sustento político

El Presidente y sus colaboradores han sentido que su reelección en 2006 y relegitimación el 15-F los autorizan para adelantar legislativamente la agenda de la reforma constitucional derrotada en diciembre de 2007. Esto implica un reordenamiento del Estado y la sociedad a partir de la estatización de la industria, la centralización del poder, la creación y fortalecimiento del llamado poder popular –con epicentro en los consejos comunales–, el control ideológico –en especial a través de la educación– y la agresión a medios de comunicación adversos.

El sustento político de esas decisiones no es el consenso pues la teoría política de trasfondo es la lucha de clases y el cambio de hegemonía, por lo que el diálogo político no es un valor, ni ha sido ejercido. La democracia es asumida como una imposición de las mayorías sobre las minorías y no un mecanismo de búsqueda de acuerdos en base a la deliberación.

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¿De verdad se quiere una ley del Trabajo?

José Ignacio Arrieta sj

En 1999 se aprobó la Constitución vigente y en ella (disposición transitoria 4, 3) se exigía que en un año a partir de la instalación de una nueva Asamblea Nacional, se reformaría la Ley del trabajo. Dos aspectos se señalaron a ser reformados: un nuevo esquema de cálculo de prestaciones sociales al fin de la relación laboral, que fuera similar al anterior a la reforma de 1997, tomando como referencia el salario devengado en el último mes de dicha relación laboral, y la reducción progresiva de la jornada de trabajo.

El tiempo trascurría y la reforma no llegaba dado que intervinieron elementos no racionales presentes en el apresuramiento de esta disposición. Por ello fue ubicada entre las disposiciones transitorias y no en el cuerpo de la constitución. Lo ideológico y los intereses subalternos se sobrepusieron al análisis adecuadamente racional y dialógico que requería el tema.

Mucha tinta en periódicos y revistas se gastó con el tema de las prestaciones sociales. Muchas discusiones entre los actores del sistema de relaciones laborales del país se desarrollaron. Fue necesario que se hicieran cortes de cuentas para que bajo el señuelo del dinero cercano se aceptara el nuevo esquema en 1997. Todavía hay pasivos laborales sin honrar.

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Editorial Sic 708: Socialismo Estatista Antidemocrático

Editorial Sic 708. Septiembre-octubre 2008

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Ante la reciente aprobación de un paquete de 26 decretos con rango y fuerza de ley entre las fechas 31 de julio y el día 4 de agosto, con base a la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional cabe preguntarse dónde quedó el espíritu de participación que se encuentra difundido a lo largo de todo nuestro sistema constitucional, legal, jurisprudencial y particularmente discursivo. El problema es doble, por un lado nunca se consultó a la población sobre el contenido de dichas normas y por el otro el contenido de muchas de ellas reproduce elementos que fueron claramente rechazados por la población en el referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007.

La participación política es un derecho humano fundamental y se constituye en uno de los principios fundamentales que informa el sistema jurídico venezolano. En este sentido vale la pena recordar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que “(…) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (…), otorga al principio democrático una función primordial en la formación y funcionamiento de los poderes públicos. (…) siendo la participación ciudadana un medio eficiente para desarrollar los postulados de una democracia participativa y protagónica, postulados éstos que constituyen las bases que sustentan la llamada ‘revolución democrática’ derivada del nuevo orden constitucional.” (Caso: Sergio Omar Calderón Duque y William Dávila Barrios). En esa dirección el Estado venezolano se obliga a promover la participación de los ciudadanos en cada una de sus actuaciones facilitando dicho proceso participativo.

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Reflexiones sobre la participación en los decretos leyes

Arturo Peraza s.j.

Ante la reciente aprobación de un paquete de 26 decretos con rango y fuerza de ley entre las fechas 31 de julio y el día 4 de agosto, con base a la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional cabe preguntarse por el espíritu de participación que se encuentra difundido a lo largo de todo nuestro sistema político, constitucional, legal, jurisprudencial y particularmente discursivo.

La participación política es un derecho humano fundamental y se constituye en uno de los principios fundamentales que informa el sistema jurídico venezolano. En este sentido vale la pena recordar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que “(…) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (…), otorga al principio democrático una función primordial en la formación y funcionamiento de los poderes públicos.” “(…) siendo la participación ciudadana un medio eficiente para desarrollar los postulados de una democracia participativa y protagónica, postulados éstos que constituyen las bases que sustentan la llamada ‘revolución democrática’ derivada del nuevo orden constitucional.”1 En esa dirección el Estado venezolano se obliga a promover la participación de los ciudadanos en cada una de sus actuaciones facilitando dicho proceso participativo.

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Las nuevas leyes aprobadas por vía Habilitante

Esperamos por una versión digitalizada de los textos de las 26 leyes introducidas por el presidente Chávez el último día de su plazo de Ley Habilitante. Por los momentos les ofrecemos una versión en PDF de la gaceta física con las leyes aprobadas.

Descargue la Gaceta Oficial 5889:
Contiene los textos de:
- Ley de Turismo
- Ley de Transporte Ferroviario
- Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
- Ley del Régimen Prestacional de Vivienda
- Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios

Descargue la Gaceta Oficial 5890:
Contiene
- Ley de los Espacios Acuáticos
- Ley de Salud Agrícola Integral
- Ley de Recursos Excedentarios
- Ley de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular
- Ley del Bandes
- Ley de Supresión y Liquidación de FONCREI
- Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social
- Ley de la Administración Pública
- Reestructuración del INAVI
- Ley de Crédito para el Sector Agrario

Descargue la Gaceta Oficial 5891 cuyo texto contiene:
- Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación
- Ley de la Administración Financiera del Sector Público
- Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
- Ley de Beneficios y Facilidades de Pago de Rubros Estratégicos de Alimentación
- Ley del Banco Agrícola de Venezuela
- Ley de Seguridad Social
- Ley del Seguro Social
- Ley de Simplificación de Trámites Administrativos

Descargue la Gaceta Oficial 5892 con los textos de:
- Ley del INAVI
- Ley de la Procuradoría General de la República
- Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras

Esperemos que con los textos a disposición pública se inicie un debate político en los próximos días en torno a los temas planteados por las leyes y sus repercusiones en el ordenamiento jurídico del país.

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