Ley Habilitante coloca en serio riesgo los Derechos Humanos

Comunicado público emitido por el Foro por la Vida y Sinergia.

El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos, Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana que suscribimos este comunicado, nos dirigimos a la opinión pública a fin de presentar formalmente nuestra posición sobre la aprobación de la Ley Habilitante y de otros instrumentos legislativos que afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

Este posicionamiento público en salvaguarda del Estado de Derecho y de las libertades públicas es coherente con nuestra histórica posición al respecto, la cual por ejemplo materializamos el 5 de febrero del 1992 y más recientemente el 12 de abril del 2002, momentos en los cuales observamos serias amenazas contra los derechos humanos y en contra de la pervivencia del Estado de Derecho.

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Editorial Sic 708: Socialismo Estatista Antidemocrático

Editorial Sic 708. Septiembre-octubre 2008

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Ante la reciente aprobación de un paquete de 26 decretos con rango y fuerza de ley entre las fechas 31 de julio y el día 4 de agosto, con base a la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional cabe preguntarse dónde quedó el espíritu de participación que se encuentra difundido a lo largo de todo nuestro sistema constitucional, legal, jurisprudencial y particularmente discursivo. El problema es doble, por un lado nunca se consultó a la población sobre el contenido de dichas normas y por el otro el contenido de muchas de ellas reproduce elementos que fueron claramente rechazados por la población en el referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007.

La participación política es un derecho humano fundamental y se constituye en uno de los principios fundamentales que informa el sistema jurídico venezolano. En este sentido vale la pena recordar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que “(…) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (…), otorga al principio democrático una función primordial en la formación y funcionamiento de los poderes públicos. (…) siendo la participación ciudadana un medio eficiente para desarrollar los postulados de una democracia participativa y protagónica, postulados éstos que constituyen las bases que sustentan la llamada ‘revolución democrática’ derivada del nuevo orden constitucional.” (Caso: Sergio Omar Calderón Duque y William Dávila Barrios). En esa dirección el Estado venezolano se obliga a promover la participación de los ciudadanos en cada una de sus actuaciones facilitando dicho proceso participativo.

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