Simonovis, por Antonio Pérez Esclarín

Antonio Pérez Esclarín

Con verdadero desconcierto y un profundo dolor recibí la noticia de que el Tribunal Primero de Ejecución del Estado Aragua negó la medida humanitaria de libertad a favor del comisario Iván Simonovis y, por el contrario, ordenó su reclusión en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocida como cárcel de “Ramo Verde”, en Los Teques, que no se parece en nada a un hospital. Simonovis sufre de osteoporosis debido a la incapacidad de absorber vitamina D proveniente del sol, como consecuencia de su reclusión en una celda de “El Helicoide”. También sufre síndrome de túnel carpiano y riesgo de fractura lumbar. Con la intención de dorar una medida tan inhumana, el Tribunal ordenó que Simonovis recibiera luz solar todos los días de ocho a nueve de la mañana y de cuatro a cinco de la tarde.

Ivan Simonovis. Fuente: El Universal

Cuando conocí la negación del perdón, me vino a la mente la parábola que nos cuenta Mateo en el capítulo 18 de su evangelio, de aquel criado perverso que tenía una deuda muy grande con su rey y, cuando le pidió clemencia, fue perdonado por completo. Tras recibir el perdón, se encontró con un compañero que le debía una mínima cantidad y el criado perdonado empezó a exigirle de muy malas maneras al otro que le pagara la deuda y, a pesar de sus súplicas, no tuvo compasión y lo metió en la cárcel. El rey no pudo comprender tanta crueldad, e increpó al siervo perdonado con estas palabras: “¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti?”, e indignado exigió que el siervo cruel pagara toda su deuda.

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Cuando ser solidario es peligroso

Luisa Pernalete

Foto: Federico Zaa. Provea.

La solidaridad es un valor. En las buenas escuelas se enseña para que los niños y niñas aprendan a ayudar a los demás. El Gobierno suele hablar de “economía solidaria”. Nadie pensaría que ser solidario pudiera ser algo “peligroso”, pero aquí en Venezuela sí lo es. Pues les cuento que PROVEA y la ONG Homo et Natura (del Zulia) están enfrentando un juicio por haber sido solidarios con el pueblo indígena yukpa, cuando  el 21  de julio del 2010, ambas organizaciones, apoyaron una protesta de ese pueblo,  para ser juzgados según sus propias leyes – tal como lo establece el artículo 260 de nuestra Constitución.

Como se dice coloquialmente, “eso se cuenta y no se cree”. Completo para que puedan ver nuestro asombro ante este juicio: los yukpas se habían trasladado a Caracas para protestar, como ya dijimos en el otro párrafo, y, como suelen hacer, se llevaron consigo sus hijos. ¿No han estado ustedes nunca en una reunión de indígenas no criollizados o poco criollizados? Siempre las madres andan con sus  hijos para arriba y para abajo, y cuando van creciendo, los padres se los llevan a tumbar conuco o a las actividades de cacería. No hay guarderías en las  comunidades indígenas. Los niños y las niñas están acostumbrados a andar con sus padres todo el tiempo. Pues bien, estos yukpas hicieron lo propio, pero las autoridades en Caracas consideraron que los niños y niñas debían ser devueltos a su lugar de origen porque estaban siendo utilizados como escudos humanos.(¡a quién se le ocurre que una madre indígena haga eso¡). Pues en esa ocasión, en julio del 2010, Provea- Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos- y Homo et Natura, apoyaron aquella protesta, y dos años después, se les informa que tienen un juicio en su contra por  apoyar una protesta que ponía en peligro a los niños y niñas yukpas.

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Editorial de SIC 747: Un país de extorsionadores

Editorial de la revista SIC 747. Agosto, 2012

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Puede sonar abusivo afirmar que somos un país de extorsionadores cuando en Venezuela hoy no extorsiona ni el uno por ciento de los ciudadanos. Pero creemos que no lo es porque las extorsiones nos afectan a todos (¿quién no conoce a alguna víctima de la extorsión o no ha sido personalmente extorsionado?) y porque el que se haya llegado a formar un clima, una cultura de la extorsión, es un indicador muy profundo de nuestra situación como país.

Dos raíces estructurales

Es una ceguera afirmar que es un subproducto del individualismo de la cuarta república y que desaparecerá cuando llegue el socialismo porque, aunque es verdad que el individualismo fue sembrado sistemáticamente en nuestro país por los medios de comunicación y los intelectuales neoliberales desde la segunda mitad de los ochenta y ellos tienen una grave responsabilidad en mucho de lo que está pasando hoy, también lo es que el socialismo del siglo XXI, estatista e impuesto, es en sí mismo extorsionador y provoca que los funcionarios lo sean.

De nada sirve invocar, como lo hizo el Che Guevara, la moral revolucionaria, cuando la revolución es estructuralmente extorsionadora: un abuso de poder que se impone a los ciudadanos contraviniendo la Constitución. Es lo equivalente a la apelación de los liberales tradicionales a la ética individual, en el mismo momento en que predicaban la lucha de todos contra todos para que se impusieran los mejor dotados o posicionados o con menos escrúpulos.

Ambas cosas se hicieron y se hacen, a veces (solo a veces), con buena voluntad, pero constituyen una expresión de idealismo en el sentido marxista: propuesta que al no estar sustentada por la realidad, independientemente de la conciencia de sus autores, sirve para encubrir la injusticia.

Por eso no hacemos esta denuncia colocándonos por encima de nuestros conciudadanos y pidiendo que se extirpe esa lacra acabando con quienes extorsionan. No se trata de endosarle el mal a un prójimo de forma arbitraria, pues de este modo jugaríamos el mismo juego que ha provocado la cultura de la extorsión: el de las élites desde los años ochenta. Es decir, aquel que excluye al pueblo; y al mismo tiempo, el juego que practica sistemáticamente el Gobierno al no gobernar para todos los venezolanos sino excluyendo a quien no siga los dictados del Presidente.

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En Venezuela se muere en pañales

Luisa Pernalete

“Adolescentes asesinaron a una mujer y a su hijo de 2 años”, fue el titular de la nota de Germán Dam (Correo del Caroní 22/04/12): “La joven tenía cargado al niño en el momento en que pistoleros irrumpieron en su casa y le dispararon sin mediar palabras”, se detalla más adelante.

Esa misma semana, una madre vino desde El Callao a protestar frente a los tribunales en Puerto Ordaz, porque ni el juez, ni la fiscalía, ni el indiciado de dar muerte a su hijo de 9 meses –el pasado 23 de enero- se habían presentado al acto. Al presunto culpable, según la abuela del pequeño, se la había dado “casa por cárcel”. Se le acusa de haber abusado sexualmente y luego asesinar a su hijo de sólo 9 meses de edad ¡padres matando a sus hijos! ¿ Y la justicia venezolana responde protegiendo?

En Caracas, en Nuevo Horizonte, Catia, “un parrillero de una moto mató a niña de 12 años e hirió a tres menores de edad” (El Nacional 24/04/12). La niña jugaba con sus amiguitos en el frente de la casa de su abuela, lo que hacen muchos niños de los sectores populares: jugar en la calle. “Ya no dejan que un niño tanga infancia”, dijo uno de los familiares al conocer la muerte e la niña.

Estoy mencionando casos de solo una semana, y no hablo de las muertes de recién nacidos en hospitales, porque eso, según el Gobernador de Aragua “ es normal”.

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Otorgaron libertad condicional a Leocenis García

Luego de varios días de huelga de hambre, al editor del diario 6to Poder, Leocenis García, le  otorgaron una medida sustitutiva de libertad que le permitirá seguir trabajando. Sin embargo García no podrá salir del país, declarar a los medios ni asistir a manifestaciones públicas hasta que se realicen los juicios en su contra.

Las evaluaciones médicas arrojaron algunas afectaciones por la huelga que sostuvo durante varios días en las celdas de reclusión y permanecerá recluido en un centro médico una semana. Se encontraba encarcelado desde finales del pasado mes de agosto acusado de  “instigación pública al odio”, “vilipendio a funcionario público” y “ofensa pública por razones de género”, debido a una serie de contenidos publicados en el diario que dirige.

Para el experto en libertad de expresión, Andrés Cañizález, el episodio es una prueba para los defensores del derecho a la expresión, aunque no se esté de acuerdo en las formas y contenidos del comunicador Leocenis García.

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Mandela y la cárcel, o ¿para qué sirven las cárceles en Venezuela?

Luisa Pernalete

Por estos días de junio, mientras somos testigos indirectos de este nuevo capítulo del drama carcelario venezolano , dado que no es primera vez que hay muertes violentas en estos recintos, ni es primera vez que se sabe de la ingobernabilidad en que han caído, leo lentamente las “Conversaciones conmigo mismo” de Nelson Mandela (2010). No es una autobiografía, tampoco un ensayo, son escritos extraídos de cartas –muchas desde su período de encarcelamiento-, conversaciones con las personas que corregían sus notas para su autobiografía, en fin, parte de su archivo personal. Son 514 páginas, todas muy interesantes.

En carta con fecha del 1 de febrero de 1975, dirigida a su esposa de entonces, la cual también había sido privada de libertad en otra cárcel, pero por menos tiempo que el líder surafricano, Mandela le escribía lo siguiente: “podrías darte cuanta de que la celda es un lugar ideal para aprender a conocerte a ti misma, para analizar realista y regularmente los procesos de tu mente y tus sentimientos”. Hace una reflexión sobre la importancia de dedicar tiempo a la introspección seria, el conocimiento de uno mismo, las debilidades, los errores. “La celda – prosigue Mandela – si no sirve para otra cosa, el menos te ofrece la oportunidad de observar todas tus conductas a diario, de superar lo malo, y de potenciar lo que haya de bueno en tì.” (p. 248).

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La provisionalidad judicial en Venezuela de nuevo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: quien pierde es la gente

Carlos F. Lusverti

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado nuevamente al estado venezolano por la destitución de una jueza. Es el caso de destitución de María Cristina Reverón Trujillo; quien fue destituida de su cargo de juez provisoria en 2002; y que después de haber sido reconocida la arbitrariedad de su destitución por el propio Tribunal Supremo de Justicia en Sala Políticoadministrativa se le impidió reintegrarse a su cargo bajo el argumento de la necesidad de realizar concursos para proveer los cargos de jueces.

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La sentencia de los PM

Arturo Peraza s.j.*

Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovis y los policías condenados

Para un defensor de derechos humanos debería resultar buena noticia una sentencia que busque reivindicar la verdad, sancionar a los responsables de hechos tan graves como los acontecidos el 11 de abril de 2002, y que indemnice a las victimas . Pero éste no es el caso.

Se trató de un juicio que injustificadamente duro más de 6 años, por lo cual se violentó el derecho al debido proceso de quienes se encontraban privados de su libertad. Se trató de un juicio que desde el principio arrojó dudas sobre su objetividad e imparcialidad. Se trata de que nuestro Poder Judicial sigue sin generar la garantía de independencia requerida para poder creer en sus sentencias, más cuando están involucrados aspectos políticos.

Lo grave del caso es que resulta imposible saber si efectivamente los funcionarios hoy sentenciados a 16, 17 y 30 años de prisión fueron los verdaderos responsables de los hechos que se le imputan o si por el contrario se trata de una burla más de la justicia venezolana. Las sentencias de hecho suenan más a una venganza política que resulta conforme con toda la actuación que el Estado en estas últimas semanas ha desplegado persiguiendo opositores políticos, usando para ello el aparato judicial.

No se puede decir que hoy haya triunfado la defensa de los derechos humanos, ni la verdad. No sabemos si se sancionó a los responsables, o quizás se siguen produciendo nuevas víctimas de aquellos hechos. Por eso más bien vale la pena recordar que desde aquel entonces la sugerencia de las ONG’s de derechos humanos fue la instalación de una comisión de la verdad que de forma imparcial estableciese la verdad de los hechos. Esto sigue siendo materia pendiente.

*Director de la revista Sic y defensor de derechos humanos.

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Fe y Alegría pide la liberación de Germán García-Velutini

Germán García-Velutini, vicepresidente del Banco Venezolano de Crédito y miembro de la Junta Directiva de Fe y Alegría, fue secuestrado el 25 de febrero en Caracas. Hasta los momentos no se tiene más información sobre su cautiverio. La familia Fe y Alegría se hace partícipe de este clamor de justicia y libertad para las víctimas del secuestro en el país.
Clic en la imagen para ver el cartel completo.

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La justicia militar y el referendo por la enmienda constitucional

Carlos F. Lusverti

Demos alguna lectura la perspectiva de Derechos humanos y en particular del debido proceso a las recientes declaraciones ofrecidas por el Mayor General Jesús González González, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respecto al sometimiento a la justicia militar de las personas que puedan agredir a los funcionarios militares durante el próximo referendo de enmienda constitucional del 15 de febrero.

Es necesario recordar que conforme a la Constitución (Art. 261) “La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Correlativamente con ello, la garantía del debido proceso (Art. 49) impone que las personas acusadas de delito solamente podrán ser juzgadas por sus jueces naturales, es decir, aquellos que corresponde de conformidad con la Ley, principio que aparece recogido en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.

De esta forma, la competencia de los órganos judiciales militares debería estar limitada a las infracciones cometidas dentro del ámbito estrictamente castrense y por el personal militar en funciones. Así lo recoge el Principio 8 del proyecto de principios de las Naciones Unidas sobre la administración de justicia por los tribunales militares. Por lo que no es correcto asumir automáticamente que cuando aparece involucrado un funcionario militar, el asunto se deba ventilar ante la justicia militar.

En consecuencia, el enjuiciamiento de delitos comunes como los que podrían derivarse de las agresiones a militares durante la jornada electoral, corresponde a los tribunales penales ordinarios. Con lo cual, a menos que se trate de las ofensas, insubordinación o ultrajes producidos entre los mismos 140.000 funcionarios del Plan República que custodiarán los centros electorales, no habría la posibilidad para una intervención de la justicia militar en un caso civil.

Aunque la agresión verbal contra los funcionarios públicos no esté justificada, y allí incluimos a los militares, éstos deben estar conscientes que, derivado del ejercicio de una función pública durante el día de la elección, están naturalmente más expuestos al escrutinio y crítica del público, por lo cual deben tener un margen de tolerancia frente a la crítica mucho mayor de aquel que no ostenta funciones públicas.

Es probable que el Mayor General González González, consciente de la situación de los militares y la tensión del momento político, haya previsto la posible ocurrencia de estos “insultos, descalificaciones y vejaciones” como han sido denunciadas en los últimos procesos electorales. También resulta lógico que haya querido resguardar la seguridad de los funcionarios bajo su mando. Sin embargo, a nuestro juicio, no es la manera correcta.

Así como no hay justificación para agredir a quien cumple a cabalidad con la función de resguardo de los centros de votación, tampoco hay que tolerar el incumplimiento de las mismas bajo la amenaza de procesos ante la justicia militar. En todo caso, si estos hechos se produjeran, corresponde detener a la persona para ponerla a la orden del Ministerio Público y de los tribunales penales ordinarios por la ocurrencia del delito que corresponda, siempre con observancia de las garantías del debido proceso previstas en los tratados, Constitución y leyes que lo garantizan.

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Respaldo contra juicio a la Escuela Canaima

José Gregorio Velásquez

Desde el año 2006 nuestra Escuela Canaima viene siendo interpelada por los Tribunales de Ambiente, por un supuesto delito ambiental basado en la limpieza que hicimos de un terreno cercano a la escuela con la finalidad de construir la sede de la tercera etapa de educación básica, pues como es sabido, en la parte alta de La Vega sólo contamos con un liceo, y es una necesidad comunitaria.
Hay que destacar que el proyecto enmarca la construcción de un Liceo Agro-ecológico, precisamente para darle el verdadero uso de ‘Parque Recreacional’ que se merece nuestra Montaña Itagua, para así resguardar las áreas verdes, que los visitantes puedan recorrer el parque a través de caminerías y conocer la fauna y flora típica de la zona, llegar hasta el mirador en el Pico Itagua y observar Caracas desde el punto más alto de La Vega, siempre conscientizando al visitante de la importancia de conservar nuestras áreas verdes. Ya en múltiples oportunidades la Escuela Canaima ha defendido junto a la comunidad el parque de otros proyectos no adecuados para la montaña y el ambiente, como cementerios, soluciones habitacionales, invasiones, etc.

(+ Vea la carta publicada por Oswaldo Guillén sobre la Escuela Canaima)
(+ Descargue la Carta de apoyo y movilización en el juicio a la Escuela Canaima)

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¿Desestabilizadores carcelarios o Estado ineficaz?

Carlos Alberto Nieto Palma

La situación de las cárceles venezolanas cada día tiende a complicarse más. Las autoridades de prisiones, con la vocería del Ministro de Interiores y Justicia Pedro Carreño y su Director de Rehabilitación y Custodia del Recluso Fabricio Pérez, repiten hasta el cansancio que se trata de un plan desestabilizador de la oposición financiado desde el exterior, sin hasta la fecha tener a los culpables y responsables de ese supuesto plan.

Ignoro si esa será la misma opinión de los familiares de las dos visitas muertas en la cárcel de “La Planta” por el estallido de una granada, o de los tres reclusos enviados a morir en Yare I por un traslado inconsulto, o las madres y esposas de los 412 fallecidos victimas de la violencia carcelaria en el año 2006 así como la de los casi 20.000 hombres y mujeres privados de su libertad que se encuentran en nuestras cárceles viviendo dentro de la miseria y el dolor.

Me gustaría conocer la opinión de mis lectores al respecto, sobre todo porque pongo en duda quiénes pueden ser más desestabilizadores en las cárceles. Si aquellos que denunciamos el horror que allí se vive o los que teniendo el poder y los medios para solucionarlo no hacen nada, mas allá de especular y manipular con la miseria ajena. ¿No son acaso más culpables de desestabilizar las cárceles, los que ingresan armas y drogas para propagar la carnicería humana que vivimos en el día a día penitenciario? ¿No serán más desestabilizadores aquellos que están en cargos directivos en el área de prisiones sin conocer nada de lo que es una prisión, o como dice mi Maestro Gómez Grillo: “sin haber derramado una sola gota de sudor penitenciario”?. O aquellos que están cerrando las puertas del único ente universitario de Latinoamérica que forma profesionales universitarios en penitenciarismo como es el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP) con casi 600 egresados en sus 15 años de fundado y en su gran mayoría en oficios distintos a las prisiones, porque quienes los forman (el MIJ) no los emplea luego.

No son acaso desestabilizadores los que a casi 8 años de haber sido promulgada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se niegan a cumplir con lo allí establecido en materia penitenciaria resumidos en estos 10 puntos esenciales en el articulo 272: a) Sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna; b) Respeto a los derechos humanos; c) Espacios para el trabajo, el deporte y la recreación; d) Dirigidas por autoridades profesionales con credenciales académicas suficientes; e) Administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales; f) Pueden ser sometidas a modalidades de privatización; g) Se preferirá el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias; h) En general se aplicaran las formulas de cumplimiento de pena con preferencia a las penas de naturaleza reclusoria; i) Se crearan las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria; y j) Creación de un ente autónomo de carácter técnico para regir las políticas penitenciarias del Estado.

No podríamos llamar desestabilizadores a un Ministro y un Director de Rehabilitación y Custodia que anuncian humanizar el sistema penitenciario mientras las cifras de muertos y heridos, por hechos de violencia carcelaria, cada día aumenta mas o a la Comisión Presidencial para atender la Emergencia Carcelaria, que en 3 años de creada ha trabajado en la clandestinidad sin aportes, ni soluciones. ¿Quién desestabiliza entonces? Algo para reflexionar.

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