Acacio Belandria sj (1930-2012)

Roberto Martialay sj

Acacio Belandria Pulido nació en Pregonero, Edo Táchira, el 5 de enero de 1930, siendo sus padres José Abigail Belandria y Rosario Pulido y sus hermanas Teonila, Aura, Hermildes, María, Carmen y su hermano José Ramón. Fue bautizado en la iglesia parroquial de Pregonero e hizo los estudios de Primaria en Mérida.

• El 25 de enero de 1945 ingresó en Los Chorros y pronunció sus primeros votos el 28.01.47 ante Juan Mª Ponce, Viceprovincial.
• Estudió Humanidades 1947 – 1950 en Sta. Rosa de Viterbo, Colombia.
• Filosofía 1950 – 1953 en la Universidad Javeriana de Bogotá, obteniendo la Licenciatura en Filosofía y Letras.
• Entre 1954 – 1957 ejerció de Profesor e Inspector en Colegio San José de Mérida.
• La Teología, 1957 – 1961, en Weston, Massachusets, EE.UU., obteniendo el Bachillerato.
• Se ordenó el 18 de junio de 1960 en Weston, por mano de Ricardo Cushing, Arzobispo de Boston. En 1961 hizo el Terceronado en La Ceja, Medellín, Colombia.
• En 1962 trabajó en el CIAS y en la JOC en la Residencia de San Francisco, Caracas.

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Racionamiento de gasolina o cómo evitar el Caracazo II

Carlos Maldonado

En las recientes semanas he visto el surgimiento de una campaña a través de redes sociales en el Táchira, llamando al rechazo de la instalación del chip para control automatizado de distribución de combustible. Dicho movimiento se ha generado en respuesta a la seria problemática para surtir gasolina en todo el Estado, donde los conductores deben formarse en filas que pueden durar desde 15 minutos hasta 3 horas en períodos pico, en una zona fronteriza donde el precio de un dólar (1$) por tanque lleno hace atractivo el contrabando como fuente de dinero fácil.

Describiré a grandes rasgos mi opinión sobre tal campaña y sobre el racionamiento de combustible:

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Fronteras colombo venezolanas

SJR-Guasdualito

Web SJR / SJR Latinoamérica

En muchas regiones de Colombia las personas se ven obligadas a abandonarlo todo para no estar en la mitad de fuegos cruzados entre actores armados, para poder ser respetados como población civil y salvar sus vidas y las de sus familias. Cientos de personas, después de uno o dos desplazamientos dentro del territorio colombiano, huyen hacia las fronteras de Colombia con Venezuela, Ecuador o Panamá. Al conocer la experiencia de estas personas en territorios venezolanos aledaños al río Arauca, conocemos sus realidades: su nueva “casa”, sus nuevas “calles”, sus nuevos “vecinos”, esa nueva vida, que muchos creerían que es mejor que en su propio país, mejor que lo que la guerra les quitó, pero no.

El hacinamiento, la pobreza extrema, el hambre, la violencia, el temor generado por los mismos grupos armados de Colombia, la falta de oportunidades para trabajar, estudiar y la imposibilidad de moverse libremente por carreteras y ríos, son su día a día.

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La razón y la pasión

Piero Trepiccione

Las crisis entre las naciones siempre han sido un elemento de perturbación en las relaciones humanas y en la marcha de los asuntos de la vida cotidiana en general. Por eso desde la antigüedad, una de las ramas del conocimiento que mayor desarrollo ha tenido es la de la “Diplomacia”. No en balde muchas de las diferencias entre los Estados han culminado en feroces guerras que a su paso han dejado la muerte y la destrucción como consecuencias nefastas. Frente a esto, muchos grandes estadistas prefirieron manejar con estilo diplomático los roces de intereses interestatales que batirse en duelo bélico con el consiguiente desgaste que ello ocasiona, tanto en las fuerzas militares como en la población civil y en la economía.

Pero hay que destacar que la mejor diplomacia es la que se maneja “colectivamente”, vale decir, la que es producto del análisis y discusión profunda de los intereses nacionales, entre personas de diferentes visiones y posturas ideológicas, a lo interno de una nación. Porque si bien es cierto que los presidentes son los máximos representantes del Estado en materia de manejo de política exterior, también es muy cierto que debido a lo delicado de la materia, no se le puede dejar exclusivamente a una persona o a un partido político su coordinación.

Y esto obedece a una razón muy simple: un ser humano tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y un día puede estar triste o deprimido. Otra vez puede estar alegre y ser divertido. En cambio, puede en algún momento estar viviendo un momento de ira. Y si esto ocurre así, en una situación irregular que involucre a la figura del Estado que representa, evidentemente puede producir algún tipo de respuesta que tenga que ver más con la pasión que con la razón. Y es allí donde se complican las cosas y comienzan los entuertos diplomáticos que ocasionan desbarajustes en miles de personas en un momento dado, que ni siquiera imaginan o comprenden lo que está pasando.

Es lo que acaba de ocurrir en días pasados en el norte de Suramérica. Tres naciones envueltas en una situación irregular provocada por la república de Colombia con un hecho particular en si, que ha podido y ha debido manejarse de acuerdo a las normas del derecho internacional público y a través de los organismos multilaterales competentes para encargarse de este tipo de asuntos. Pero no fue así, entraron al conflicto las declaraciones personales de mandatarios que señalaban estas cosillas: “fulano mentiroso” “lacayo” “estúpido” “intervencionista” “genocida” “corrupto” “cómplice” etc. para mencionar las más suaves que se dijeron entre sí y esto ha provocado un clima de zozobra que, al menos por unas setenta y dos horas, mantuvo en vilo a las poblaciones de Ecuador, Colombia y Venezuela y ocupó a sus mandatarios y a la seguridad nacional prácticamente todo su tiempo.

Lo cual nos hace concluir que la diplomacia debe ser producto de la reflexión grupal filtrada por la experticia entre pasión y razón para producir respuestas coherentes, acertadas y a la altura de Estados ricos en historia propia y común.

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El Servicio Jesuita a Refugiados ante el aparente nuevo escenario Regional Andino-Amazónico

El pasado viernes 07 de Marzo, los jefes de estados latinoamericanos celebraron la “XX Cumbre del Grupo de Río5”, la cual tuvo lugar en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
En dicha reunión se dirimió de manera diplomática el conflicto entre los países hermanos de Ecuador, Colombia y Venezuela. Conflicto que se agudizó a partir del primero de Marzo, cuando el ejército regular colombiano violó el espacio aéreo y territorial de Ecuador en una operación militar unilateral que tuvo como saldo una masacre donde perdieron la vida 24 personas, de las cuales 16 fueron reconocidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP) como miembros activos de sus filas, el resto son civiles. Esta operación militar unilateral, según voceros del gobierno colombiano, se inscribió en el marco de la lucha contra el terrorismo.

El acuerdo diplomático del Grupo de Río:

Señala que “rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otra medida de fuerza tomada por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuere el motivo, aún de manera temporal”.

Reafirma “los principios consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no ingerencia en asuntos internos de otros Estados”.

Se compromete de manera firme a “combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular aquellas vinculadas a actividades de narcotráfico”.

Llama a las partes involucradas a “mantener abiertos canales respetuosos de comunicación y a buscar fórmulas de distensión”

Nuestra posición:

Ante este nuevo escenario regional que pareciera configurarse a partir de los acuerdos en el seno del Grupo de Río, el Servicio Jesuita a Refugiados, como organización que “Acompaña, Sirve y Defiende” a personas en situación de refugio y desplazamiento en la región declaramos que:

• Consideramos que los acuerdos del Grupo de Río asientan un precedente positivo en la resolución de conflictos entre países vecinos de nuestra región, al tiempo que regulan la convivencia entre nuestros pueblos, enmarcándola responsablemente en el derecho internacional.

•  Sabemos que los acuerdos diplomáticos, cuando se trata de resolución de conflictos, ameritan un proceso que implica tiempo y voluntad política por parte de los implicados, por lo que valoramos la exhortación que el Grupo de Río hace a los países involucrados a “mantener abiertos canales respetuosos de comunicación y a buscar fórmulas de distensión”.

• Enfatizamos que aunque la distensión diplomática era necesaria, aún no se ha llegado al fondo del problema, por lo que nos parece urgente y necesario que los estados latinoamericanos asuman un papel más activo en la resolución del conflicto armado colombiano, que desangra al pueblo colombiano desde hace 60 años y que hoy se ha regionalizado. No estamos ante crisis diplomática, estamos ante una crisis humanitaria, una de las más largas y prolongadas del mundo actual.

• Reiteramos, como en nuestro posicionamiento anterior, que estamos convencidos que la palabra de las victimas ha de ser uno de los vehículos indispensables para que haya paz con justicia. Mientras las negociaciones se den solo entre los actores de poder y se siga excluyendo el derecho de las victimas a la verdad, justicia y reparación la paz no será posible.

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Crisis regional Andino-Amazónica: Una perspectiva desde las victimas

Alfredo Infante sj
Director Regional de SJR-LAC

Es evidente que existen en la región dos proyectos confrontados que obedecen a intereses económicos, políticos e ideológicos extremos. Los recientes acontecimientos entre Ecuador y Colombia han sido la punta del Isberg. Los análisis al respecto, especialmente en nuestro país, se han mantenido en una lógica polarizada de “buenos” y “malos” que no ayuda para nada a dilucidar el problema y diseñar una política acertada para su resolución. Lo que no se puede poner en duda es que lo que está de fondo es la regionalización del conflicto armado colombiano. Los siguientes comunicados del Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el caribe (SJR-LAC), el primero en el marco de la crisis suscitada por la intervención militar unilateral del gobierno colombiano a territorio ecuatoriano, el segundo en el marco de la distensión, una vez conocidos los resultados de la reunión del Grupo de Río, dan cuenta, desde las victimas, de lo que realmente esta en juego e invisibilizado en nuestra región. Lo importante de estos posicionamientos es, en primer lugar, que están hechos desde la perspectiva de las victimas y no desde la polarización ideológica y económica en que se encuentra nuestra región, en segundo lugar, que han sido hechos de manera participativa con los aportes de cada uno de los SJR de la región.

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Desechar la lógica militar y mantener abierto el diálogo

Los recientes acontecimientos en los que el gobierno colombiano invadió y realizó operaciones militares en territorio ecuatoriano ejecutando a miembros de las FARC-EP, con claras evidencias de que no estaban en situación de combate (circunstancias que constituiría una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario), crea un precedente de actuación unilateral que de no detenerse a tiempo y establecerse como patrón de actuación, generaría una crisis regional con aristas sumamente preocupantes.

El conflicto social y armado colombiano ha desbordado su territorio. No es el primer caso en que países vecinos han visto vulnerada su soberanía territorial por miembros de las fuerzas armadas colombianas (secuestro de Rodrigo Granda en Caracas, diciembre 2004). Por otra parte, la presencia de las organizaciones guerrilleras y paramilitares en las zonas fronterizas limítrofes con el país neogranadino hace tiempo se ha convertido en algo ordinario.

La guerra prolongada en Colombia ha llegado a los niveles más dolorosos de perversión e inhumanidad. Todos los actores de poder confrontados en esta guerra fratricida, violan sistemáticamente los derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Nos preocupa, que un conflicto armado de más de seis décadas no se intente resolver a través de salidas políticas negociadas, sino que por el contrario haya un empeño en apostarle a las falsas soluciones militaristas, al punto que Colombia tiene el presupuesto militar más alto de la región.

No estamos de acuerdo con la opción dura, pues más que solución es una calle ciega que hará más prolongada esta dolorosa guerra. Sin embargo, dado que ésta pareciera ser la opción de la administración Uribe, en ella el Estado colombiano debería regirse por los tratados y convenios internacionales que regulan los conflictos armados, pues su conducta no puede ser igual o peor a la de aquellos a quienes dice combatir. Por eso recordamos los señalamientos que hace décadas han venido haciendo organizaciones de derechos humanos en Colombia, así como los informes anuales sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras, en torno a la degradación continua en el modo de llevar este conflicto armado por parte de todas las fuerzas beligerantes.

En medio de esta situación, tenemos a lo interno de Colombia, millones de desplazados forzados internos, cientos de miles de refugiados en los países vecinos, miles de niños participando en el conflicto, miles de victimas de minas antipersonales, una migración forzada en diáspora por todo el mundo, decenas de civiles no combatientes en cautiverio, desapariciones, asesinato de indígenas, sindicalistas, afrocolombianos, opositores políticos y otros cientos de miles de personas asesinadas en medio de un conflicto creciente que por la vía militar no tiene solución.

No deja de suscitar sospechas que, tras la reciente liberación de cuatro personas secuestradas por las FARC-EP, la respuesta haya sido la intensificación de las operaciones militares por parte de la fuerza pública. Situación que pone en serio riesgo la posibilidad de un acuerdo humanitario conducente a la liberación de todos los retenidos, además de agregar un obstáculo más a la posibilidad de una salida política negociada al conflicto social y armado colombiano.

La respuesta que los países suramericanos han tenido en cuanto a la violación de la soberanía territorial nos parece acertada. La integridad territorial de cada país debe ser observada escrupulosamente por los países vecinos. Nada justifica vulneraciones a ese principio. Existen muchos mecanismos y canales entre los países para resolver problemas que puedan suscitarse entre ellos. Recordemos además que Colombia se opuso enfáticamente a la “persecución en caliente”, que a mediados de los 90 propuso Venezuela, como medida para combatir las acciones de la guerrilla colombiana en su territorio.

En el caso venezolano, nos parece desacertado responder a una situación tan delicada con medidas de corte militar. A las medidas belicistas no debe responderse con mayores medidas del mismo tipo. Por el contrario lo que se impone es la obligación de mantener el diálogo que permita corregir las situaciones conflictivas que se susciten. En medio de esta crisis lo que se impone es aunar esfuerzos para buscar una resolución política negociada al conflicto social y armado de Colombia en el mediano plazo y en el corto plazo la liberación de las personas que están secuestradas.

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Manifiesto del pueblo de Guasdualito: ¡Tenemos derecho a vivir en Paz!

Nosotros, ciudadanos y ciudadanas, del pueblo de Guasdualito, como sujetos de derechos y deberes de la República Bolivariana de Venezuela, declaramos públicamente mediante el presente manifiesto, que somos personas con dignidad, trabajadoras, honradas, pobladoras de estas tierras, que hemos defendido, con nuestra presencia, la soberanía de la Nación desde los tiempos de la colonia. Por tal motivo, creemos que si queremos construir un pueblo próspero, digno de nuestros hijos y de todos los venezolanos, donde se viva en paz, con la seguridad de que nuestra vida no esté amenazada, que haya una convivencia humana y solidaria, que haya garantía de una vida futura sin el temor y el pánico de ser víctima de la violencia delincuencial y la criminalidad, debemos denunciar públicamente lo siguiente:

• Que en los últimos diez años ha venido aumentando considerablemente la presencia de grupos irregulares armados en nuestro pueblo y poblaciones aledañas.
• Que estos grupos armados irregulares actúan impunemente haciendo proselitismo y adoctrinamiento a nuestros jóvenes con los cuales engrosan sus filas; cobrando impuesto de guerra (vacuna) a nuestros productores agropecuarios, menoscabando con ello la productividad de leche y carne, y generando el abandono del campo por parte de nuestros productores.
• Que en nuestro pueblo se ha creado una mafia que se dedica al secuestro, a la extorsión de comerciantes, de los pequeños y medianos empresarios etc., además de generar formas ilícitas de producción económica, como el contrabando de gasolina, la trata de blancas, el abigeato, tráfico de drogas, etc., haciendo de nuestro hábitat un lugar de alto riesgo social.
• La criminalidad por sicariato ha aumentado considerablemente en nuestro pueblo, y todo el Alto Apure. La muerte por encargo, no sólo es un “modus operandi” del crimen organizado, sino que se ha constituido en el modo común de dirimir conflictos entre las personas.
• Tanto los grupos irregulares, como las mafias en nuestro territorio, parecen intocables por la ley, no sólo por su actuación impune, sino porque sus acciones son de carácter público y notorio en medio de la comunidad y de los organismos de seguridad del Estado que operan en el Alto Apure.
• Vivimos sujetados por estos grupos criminales. No podemos hablar, denunciar, y menos aún, acudir a los organismos de seguridad porque no son garantes de nuestras vidas a la hora de querer emprender una acción bajo el amparo de la ley.
• Vivimos sin un Estado que salvaguarde nuestros derechos, que aplique en rigor la ley y la justicia, y así podamos tener la garantía cierta de la seguridad necesaria para preservar nuestras vidas y tener una convivencia en un ambiente de paz. Parecen cómplices.
• Nuestras autoridades estadales, distritales y municipales, hasta ahora no se han pronunciado ante la ola de muerte por sicariato, ni han puesto los medios para frenar esta forma criminal que ha cobrado la vida de cientos de nuestros jóvenes, lo mismo que ante la mafia que nos extorsiona.

Nosotros, ciudadanos y ciudadanos de Guasdualito, como venezolanos y venezolanas de este País, por pertenencia de origen o por naturalización, y como pueblo soberano de esta Nación, manifestamos que repudiamos esta realidad de violencia y criminalidad, y de ausencia de un Estado que salvaguarde nuestro derecho a la vida, a la convivencia en paz, al libre tránsito por nuestro territorio, al derecho de trabajar y disfrutar nuestros bienes sin ser extorsionados, y exigimos públicamente la acción suficiente y necesaria, eficiente y eficaz, del Estado venezolano para que:

• Ante la presencia de los grupos armados irregulares colombianos, que tienen libre tránsito y asentamiento en nuestro territorio, reclutan jóvenes, adolescentes y niños para sus guerras, además hacen actos de proselitismo, adoctrinamiento y cobran vacuna, violando así nuestra soberanía territorial, consagrada en el Art. 10 de nuestra Constitución, se advoquen a preservar la integridad territorial para que haya paz y seguridad, tal como lo establece el espíritu constitucional en el Art. 13.
• Salvaguarde nuestros Derechos Humanos, como por ejemplo “al libre desenvolvimiento de su personalidad” Art. 20 de la Constitución. Le pedimos, como pueblo soberano, que conmine a sus organismos de seguridad presentes en nuestro pueblo y a las autoridades locales, que ejerzan sus funciones en materia de seguridad ciudadana, tal como lo establece la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana; y acciones de rigor a estos grupos armados irregulares, ya sean colombianos o venezolanos. Lo mismo que a los sicarios.
• Exigimos a las Fuerzas Armadas Nacionales presentes en nuestro pueblo, que asuman sus obligaciones establecidas por la Ley Orgánica de Fronteras para que nos garanticen la seguridad de libre tránsito por nuestro territorio fronterizo, y del derecho a trabajar y producir bienestar para nuestras familias, pueblo y País de manera libre sin ser extorsionados por los grupos irregulares con el cobro de la vacuna.

También queremos manifestar públicamente que repudiamos a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no resuelven sus problemas y conflictos por los canales regulares del Estado, sino por las vías alternas de justicia que ofrecen los grupos armados irregulares, tanto colombianos como venezolanos, y acuden al sicariato para saldar cuentas.

Hacemos un llamado a todo el pueblo de Guasdualito y zonas aledañas para que asumamos nuestro deberes como ciudadanos y ciudadanas, responsables también de nuestra seguridad, que nos unamos como una comunidad capaz de salvaguardar su derecho a la vida, su derecho a la convencía solidaria, para trabajar por la construcción de una sociedad justa y de paz.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Guasdualito
Nota: Las firmas están en depósito.

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