Editorial Sic 716. Julio 2009
La consecuencia de este último proceso consultivo ha sido, más allá de la victoria del SI, abrir entre los venezolanos una brecha más honda que tiene por epicentro a la figura del Presidente de la República. Más que nunca, dados los resultados, se ha puesto de manifiesto que la sociedad venezolana está partida por la mitad. El efecto no ha sido otro que la profundización de la polarización. Pero, además, se ha reforzado en la práctica una tendencia muy peligrosa para el sistema democrático: la identificación entre partido y Estado.
El problema más profundo quizás haya que situarlo en que la democracia, en nuestro discurso político, ha pasado más bien a ser un subterfugio o un argumento de oportunidad en boca de los diversos actores políticos, que una convicción. Tras dicho discurso se esconde en muchos casos una intencionalidad distinta que no es otra que el control del Estado y el usufructo que el mismo permite tener de la renta petrolera. Así, el discurso democrático no es más que la mampara que encubre la batalla entre élites. En realidad no ha estado en juego la profundización o defensa de la democracia ni de la legalidad, sino el uso de los mecanismos formales de la democracia para lograr la imposición hegemónica de una nueva élite, así como del otro lado la búsqueda de la reconquista del poder perdido. Pero dicha batalla no tiene por centro real al pueblo ni sus intereses, por lo que en el fondo expresa un desprecio absoluto por la gente.
El aspecto fundamental donde se juega la sociedad democrática venezolana se llama inclusión. En la medida que una opción muestre mayor capacidad para incluir, en esa misma medida esa opción irá ganando el favor de los venezolanos, superando de esta forma el discurso polarizante que hoy nos embarga. Un discurso y práctica incluyente que tenga presente el necesario reconocimiento de las culturas en Venezuela y en particular la cultura popular, pero sin que ello implique la negación o rebaja de otras, la promoción de condiciones humanas para todos y el respeto de las libertades, son las verdaderas condiciones de ampliación de los derechos de los ciudadanos.
Se nos preguntó si la enmienda ampliaba los derechos políticos de los ciudadanos. Si nos guiáramos por la experiencia en la campaña electoral, la respuesta a esa pregunta sería NO. Fue una campaña signada por un gigantesco despliegue de propaganda por parte de la opción favorable a la enmienda, mientras la opción contraria tuvo serias limitaciones.
Constatamos que el Estado desapareció para dejar paso a la libre voluntad de un grupo político que establece las reglas de juego sin control alguno. Lamentablemente esta campaña ha dejado saldo negativo en cuanto a institucionalidad, pues los árbitros no han aparecido para ejercer control durante el juego y nos referimos concretamente al CNE, al Poder Ciudadano y al Poder Judicial. De hecho la identificación entre el Estado y el partido de gobierno ha llegado a límites inadmisibles: Jorge Rodríguez como jefe de campaña del PSUV, además era quien se encargaba de autorizar las marchas por el NO en el municipio Libertador, donde es alcalde (autorización que en ninguno de los casos se dio plenamente y sólo excepcionalmente se dio para territorios muy limitados); el encargado de información del PSUV fue a la vez el ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón; los diputados del parlamento han actuado como una simple herramienta de la voluntad del jefe del partido, al cesar sus sesiones durante un mes para dedicarse a hacer campaña dentro y fuera del país; el TSJ se ha llevado por delante el principio de alternabilidad a fin de darle aparente sustento constitucional a una enmienda que vacía de contenido dicho principio.
Uno de los aspectos que más nos preocupan es cómo las misiones han sido instrumentalizadas para servir de correas clientelares del partido y su líder. Los consejos comunales, en principio promocionados como mecanismos de participación popular, aparecen ahora como apéndices organizacionales del partido cuya función durante esta campaña ha sido recolectar voluntades a favor de la opción presentada por el gobierno. En ese sentido el problema no es que miembros de los consejos comunales hagan campaña por una opción determinada, sino que la misma es llevada adelante por el consejo comunal en cuanto tal, lo que reproduce la misma perversión en instancias de participación que se dio en tiempos de Acción Democrática y Copei, limitando así el sentido de democracia real.
Esta identificación progresiva entre partido y Estado conduce a escenarios indeseables, pues al vaciar de contenido la institucionalidad, se generan mecanismos de inequidad y con ello la ruptura del sistema democrático, pues una democracia no es sólo la suma correcta de unos votos, no es sólo el acto electoral. Una democracia se verifica en las condiciones dentro de las cuales los actores participan y hacen conocer sus propuestas. Si esas condiciones no resultan equitativas, se devalúa la democracia y el sistema, en general, se vacía de contenido: ya no hay forma de regular las divergencias políticas e ideológicas. A fin de cuentas una democracia supone pluralidad, y la pluralidad supone igualdad de condiciones entre todos los que participan en el juego.
Por eso, lo que estuvo en juego más allá del principio de alternabilidad en esta campaña fue la democracia como sistema. Y el sistema salió reforzado en el sentido de la participación, pero no en su ámbito institucional. De allí nuestro llamado a reconstruir las bases de un Estado que se dedique a generar igualdad de oportunidades para todos, tanto en el campo económico como en el campo político. Requerimos de leyes iguales para todos y que se apliquen realmente con equidad, sin favorecer a un bando sobre los otros. En especial, las leyes y los hombres de este país deben diferenciar partido de gobierno y el Gobierno propiamente dicho. El Gobierno ha de ocuparse de todos los ciudadanos sin distinguir condición política o social; no puede dedicarse con sentido de exclusión a un grupo; no puede actuar desde el sectarismo ni utilizar los recursos del Estado exclusivamente en función de una porción de los ciudadanos.
En ese sentido la victoria obtenida por el ciudadano Presidente en su propuesta de enmienda puede conducirlo por dos derroteros distintos. Una opción es que éste reconozca a la oposición como su adversario político en el juego democrático (lo que implica el mismo gesto de la oposición, al cual un sector de la misma tampoco ha estado dispuesto). La otra es que, sin mirar la merma de su caudal electoral, sostenga empecinadamente la negativa a reconocer la existencia de los contrarios, creyéndose en virtud de esta ratificación de su liderazgo la encarnación única de la voluntad popular. Tal actitud acabaría siendo una negación práctica del pluralismo que un gobierno está llamado a respetar y reconocer.
Llamamos, a fin de cuentas, a la reconstrucción de un Estado que por su institucionalidad genere al menos una de las condiciones necesarias para la no discriminación, en el cual haya igual oportunidad de acceso a los cargos públicos e incluso a los beneficios de las misiones sociales sea cual sea la ideología política que se tenga. Creemos que, con los datos que el informe de Provea ofrece y que han sido recogidos en este número 712 de SIC, ha llegado el momento de abandonar el discurso simplemente ideológico político para pasar al plano de la gestión a fin de atender al verdadero sujeto de la acción política, que es el pueblo y sus problemas más urgentes. Por eso, después del SI, gobernar en el marco de un Estado que se reinstitucionaliza es un imperativo inapelable e inaplazable.
