Editorial Revista Sic 719. Noviembre 2009

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La educación se refiere a un ámbito fundamental de la vida, siendo un derecho humano que posibilita el logro de otros para una existencia digna, pues de su resultado depende luego que se viabilicen derechos como el desarrollo de la personalidad, la libertad, el trabajo, entre otros. Por eso la Constitución en su artículo 3 afirma que para lograr los fines del Estado la educación y el trabajo son procesos fundamentales.

Una nueva propuesta político social como el establecida desde 1999 requería y requiere de un nuevo proyecto educativo que la acompañe y haga posible la construcción de una sociedad inclusiva y participativa, donde los valores sociales adquieran relevancia desde la construcción de la persona humana libre, capaz y solidaria. Este proyecto educativo no se desarrolla solamente a través de la ley, sino que supone el desarrollo de un conjunto de elementos que deben contemplar aspectos como la escuela, los sujetos del proceso educativo (privilegiando al educando, su familia y a los docentes), la infraestructura, las finalidades, el perfil de quien egresa, el contexto en el cual ocurre el proceso educativo y los programas en concordancia con todo lo anterior. La ley sirve como marco orientador y estructura de sistematización de todos estos elementos

Por eso nos preguntamos ¿Orienta de alguna forma la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) a los reales problemas de la educación venezolana ya sea en su marco filosófico, de gestión, regulación, supervisión y evaluación?

Los problemas de la educación

En Venezuela la educación ha estado y está en crisis. Ésta tiene varios elementos: carencia de infraestructura y deterioro de la existente, escasez de personal formado para la educación particularmente en el ámbito científico y matemático, pago insuficiente a los maestros lo que conlleva a la terrible práctica de cabalgar horarios, ausencia de un proyecto pedagógico que libere las capacidades de los educandos, repitencia y deserción escolar en niños y adolescentes, bajos resultados en la capacitación de lectura y matemática que no alcanzan los estándar internacionales, descontextualización y obsolencia de los currículos, etc. Es en este contexto que se aprueba una nueva ley sobre educación, de la cual esperábamos directrices para dar respuesta a este conjunto de realidades, en particular porque un 80% de las escuelas en Venezuela pertenecen al Estado y por tratarse de un deber cuyo principal responsable es el mismo.

La educación es uno de los ámbitos donde es necesario un mayor consenso social, tanto por los sujetos a los cuales se refiere (fundamentalmente niños y adolescentes) como por la importancia de la misma para el presente y futuro del país. Consenso necesario para enfrentar el conjunto de problemas que hoy tiene nuestra educación y que revientan como una bomba en la cara de la sociedad venezolana a través de la delincuencia. Existe de hecho una relación proporcional entre el fracaso de la escuela y la violencia social, que incluso ha llegado a la misma escuela como lo demostró el estudio publicado en esta misma revista en el mes de junio del presente año.

Valoración de la Ley Orgánica de Educación

Al hablar de consensos habría que decir que la LOE no los logró generar, muy por el contrario ha contribuido a la estructura de polarización presente en nuestra sociedad. El proyecto de ley que fue aprobado sólo se conoció pocos días antes de su discusión en cámara, sólo fue discutido en una sola sesión. ¿Cómo puede haber democracia participativa bajo estas condiciones?

Hay aspectos positivos en La LOE, pues se reafirman un conjunto de valores importantes donde el elemento social tiene gran preponderancia. La idea central parece ser la formación del nuevo republicano. Éste tiene por característica el vivir consustanciado o identificado con su sociedad, sus problemas, la necesidad de participar especialmente en la comunidad. Destaca particularmente el tema de la soberanía y su defensa como valor fundamental. Todo lo demás se ordena y subordina a este valor que es expresado de diversas formas. Pensamos que este aspecto social es una dimensión básica de la persona y que es importantísimo, pero echamos en falta otras dimensiones no menos importantes y que son recogidas por la Constitución.

El desarrollo del educando como persona humana única con un proyecto vital propio (que no se identifica simplemente con su potencial creativo) parece ausente. Tampoco la ley brinda protección al desarrollo espiritual de cada educando, cuando la Constitución sí lo hace. Así pues, la comprensión del ser humano que tiene la ley es insuficiente, como si se tratará de una persona volcada hacia lo externo, pero sin vida personal interna.

Otra ausencia grave es que la ley parece desconocer el trabajo que distintas organizaciones sociales están haciendo a favor de la educación popular, a fin de hacer asequible este derecho y brindarlo con calidad. Es el caso de Fe y Alegría y de otras instituciones escolares que funcionan en sectores populares y que están bajo el convenio de la AVEC. No se puede equiparar un colegio que puede ser sostenido por los padres y representantes de sus estudiantes, con otros que prestan servicio a sectores sociales desfavorecidos. La ley los reúne en un solo conjunto al llamarlos instituciones educativas privadas, olvidándose de las instituciones educativas populares o sociales. La ley dedica un gran esfuerzo en regular e incluso establecer un conjunto de sanciones hacia la educación privada, sin regular realmente la educación pública, por lo cual se podría llegar a la falsa conclusión que los problemas de la educación se encuentran en su sector privado cuando la mayoría de las escuelas, como señalamos, tienen carácter público.

Nuestra propuesta

El gran desafío de la educación en Venezuela es la generar equidad y para ello se debe observar tanto en el acceso a la educación, el proceso educativo así como en los resultados vistos en la gestación de una sociedad más justa. La equidad pasa al menos por los tres personajes fundamentales del proceso: la escuela, el educando y el educador.

El foco de la educación debe ser la escuela como centro de aprendizaje y no como centro político. En particular nos parece vital ver la escuela como un espacio donde el educando aprende a aprender. Esto nos pone delante del tema de la calidad educativa integral e incluyente que forme a la persona humana desde sus diversas dimensiones, sin sobredimensionar unos aspectos en detrimento de otros.

Entender la educación desde el educando nos lleva a ver la educación como un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, brindando competencias profesionales, ciudadanas, humanas y espirituales que permite el acceso a mejores condiciones de trabajo, potencian una sociedad más productiva y permiten el desarrollo de hombres y mujeres con alta sensibilidad.

El agente de la educación es el educador. Hay que insistir en el fortalecimiento de la carrera docente tanto en su formación como en sus niveles de salarios. Para ello debe asegurarse un ingreso suficiente que al menos haga equivalente el sueldo de un docente al de cualquier otro profesional. De igual manera debe promoverse la formación continua y la investigación e innovación sobre la propia práctica pedagógica.

Por último debemos recordar la necesidad de un financiamiento público suficiente de la educación y una gestión eficiente de los recursos, la cual debe ser medida en términos de calidad educativa brindada y equidad alcanzada.

No hacemos otra cosa que suscribir el Compromiso por la educación desde las seis propuestas para el diálogo y la acción que ya en el 2008 propuso el Fe y Alegría al cual desde este editorial nos sumamos.

Hildebrand Breuer

Para que una negociación se dé, es preciso que estén presentes dos condiciones previas sin las cuales no puede haber un verdadero proceso negociador: En primer lugar, cada parte debe reconocer la dignidad de la otra, lo cual incluso puede implicar el entendimiento de sus puntos de vista y exigencias, frente a los cuales se presenta oposición únicamente por representar una amenaza a la propia seguridad, dignidad o postura. En segundo lugar, debería existir un deseo transparente por lograr un acuerdo, que recoja lo más coincidente entre las demandas, dejando lo que se supone el núcleo del conflicto para un segundo momento. Es lógico y salta a la vista el hecho de lo contraproducente que resulta concentrar todos los esfuerzos únicamente en aquello que distancia por naturaleza a las partes enfrentadas. Todo esto, claro, si lo que se desea es un acuerdo.

Los procesos de negociación pueden tener también otros objetivos distintos a una resolución final. Retardar un proceso, conocer mejor al adversario y sus demandas, distraer la atención, lograr un impacto en el concierto internacional e incluso conseguir publicidad, son objetivos de muchos equipos negociadores en no pocas situaciones. Esto puede darse por muchas razones, pero entre otras está el hecho de que se entienda que la acción de negociar, o simular que se negocia, tendrá a largo plazo un costo menor, o incluso un mayor beneficio, que la reticencia a acceder a un proceso negociador.

El proceso llamado de negociación en el conflicto de Honduras ha tenido varias fallas. Comenzando por el final, el Acuerdo de San José parte de una gran debilidad al asumir como punto de honor la vuelta del presidente Zelaya al poder. Pero es desde el comienzo del proceso que comienzan a darse dificultades, al plantearse entre las partes un desconocimiento total de la dignidad y legitimidad de la contraparte. En todo este tiempo, la legitimidad y el poder autónomo de las partes se convirtieron en el centro de la negociación, y esos no pueden ser nunca materia de negociación, si como dijimos, la aceptación de estas condiciones es premisa clave en una situación negociadora.

Cualquier intento de negociación que irrespete unas condiciones previas tan básicas, estará siempre condenado a un fracaso seguro.

Jesús Machado

Durante el desarrollo de una asamblea con dirigentes campesinos de los estados Mérida, Táchira, Trujillo y el Sur del Lago de Maracaibo, “el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, recibió una llamada telefónica del Primer Mandatario en la que exhortó al trabajo conjunto entre Guardia Nacional y campesinos para la defensa de la revolución, según boletín electrónico Nº 104, del 28 al 5 de Octubre, del ministerio antes mencionado. Al parecer las instrucciones fueron: ‘Quiero ver pronto organizadas las milicias campesinas, quiero verlas entrenadas para defender la revolución y defenderse ellos mismos y a sus familias”.
El ministro Elías Jaua emite esas declaraciones en el marco de la Marcha nacional con la Impunidad realizada en el estado Guárico el primer día del mes en curso, en la que señalaba que para el mes de diciembre nacería la milicia bolivariana campesina, fuerza encargada de enfrentar la violencia desatada por terratenientes en áreas rurales.

Al parecer la propuesta de creación de las milicias es repuesta a unas dos mil agresiones y más de 200 muertos producto de ataques contra el campesinado desde 2001, cuando el presidente Hugo Chávez promulgó la Ley de Tierras.

Las milicias campesinas es otro elemento que debe entrar en debate para examinar la situación del campo en Venezuela. Discutir la creación de las milicias campesinas, sin tomar en cuenta las agresiones y asesinatos de campesinos, los procesos judiciales abiertos alrededor de mil quinientos campesinos, por hacer algo establecido en la ley de tierras, la impunidad en que han quedado de las muertes y golpizas (que muestra la ausencia de justicia para con los pobres) la incapacidad de la institucionalidad vigente de garantizar un mínimo de seguridad física a quienes viven en los campos, la irracionalidad del asesinato del otro por posesión de extensiones de tierras improductivas, la caída de la productividad agrícola, la complicidad de cuerpos de seguridad con circuitos delincuenciales vinculados a la posesión de la tierra, la ausencia de una política clara para el agro que se ejecute de manera clara y eficiente.

Es un tema más dentro muchos alrededor del campo, que tiene muchos elementos, que refleja intereses de los distintos factores de poder (gobierno, Fedenagas y poseedores de extensiones de tierra) en donde las víctimas de siempre, los campesinos (por pobres y pen…os) o son instrumentalizados políticamente o asesinados en nombre de la propiedad privada.

Es otra oportunidad para debatir un tema estratégico para este país, ¿qué queremos que sea el sector agrícola venezolano? ¿Cómo las personas afincada a la tierra como modo de vida pueden desarrollar su actividad de modo que signifique vivir dignamente? Centrarse en el tema de las milicias campesinas de manera aislada sin considerar los temas conexos es entramparse en la fangosa, y ya aburridora, dinámica chavismo-oposición.

Con las milicias campesinas pasará lo mismo que con la Milicia Nacional Bolivariana, de un lado la presentación de un pueblo en armas en defensa de la Revolución (que todavía no hacemos) del otro, el histerismo que anunciaba el Apocalipsis en acción. Ni pueblo en armas ni el Apocalipsis. A veces pienso en la relación de necesidad mutua del tipo sado-masoquista. En donde cada polo de la relación invierte los papeles.

Sencillamente no habrá milicias campesinas del gobierno, como deben ser unas milicias en todo su rigor, porque es una jugada que pone en real peligro a las dos hegemonías, a la nueva y la vieja. Que unas veces se pelean y otras van de la mano.

Si no fuera otra engañifa más, hasta yo me sumaría a las milicias campesinas.

José Ignacio Arrieta sj

Una nueva sigla para referirse a los trabajadores organizados del petróleo se ha hecho presente en nuestros medios comunicacionales. Ella es FUTPV, triunfadora de los comicios de los trabajadores petroleros, celebrados el jueves 1º de Octubre de 2.009. Anteriormente y especialmente durante el régimen político anterior eran Fedepetrol y Fetrahidrocarburos. Antes era la figura de Carlos Ortega, hoy prófugo, hoy otros nombres se enseñorean en el mundo laboral petrolero. El presidente de PDVSA y Ministro de Energía se empeñó en la unidad sindical. La Federación Unitaria de los Trabajadores del Petróleo, del Gas, Similares y Derivados de Venezuela (FUTPV) nace por el impulso patronal de Rafael Ramirez y bajo su presión y manipulación.

El ministro ya había señalado que no discutiría una nueva convención colectiva (vencida desde Enero pasado) sino con una federación petrolera unida y socialista. Son muchos los conflictos y los paros que se han escenificado en el oriente y occidente petrolero del país por razones contractuales y laborales. No lejos de ello ha estado presente la lucha por puestos de trabajo, circunstancia similar a la acaecida en Ciudad Guayana ante la promesas incumplidas del status político.

Una y otra vez se ha retrasado los comicios petroleros con fecha determinada. Las excusas más frecuentes eran el padrón electoral, aunque también se hacían otras objeciones. La realidad era, como se ha demostrado posteriormente, que no todo estaba bien atado y dispuesto desde el poder petrolero nacional. Las confrontaciones se daban, pero mientras tanto la plancha socialista-gubernamental se pergeñaba así como los votos necesarios junto con los recursos procedentes de la industria para lograr un sindicalismo socialista.

Por fin el 1º de Octubre se tuvieron las elecciones con una alta participación de la población electoral (78.3%), mayor en las regiones con mayor presencia laboral y menor porcentualmente allí donde los trabajadores empleados en la industria son menos.

La Plancha 7, de Vanguardia Obrera Socialista encabezada por Wills Rangel, fuertemente comprometida con el gobierno, obtuvo el 54.27% con 15.000 votos, mientras que en segundo lugar quedó la plancha 1 de C-Cura con 7.557 votos, siguiendo las planchas 9 (2.698) y 3 (1.258).

De esta forma los tres cargos claves del comité ejecutivo de la FUTPV son ocupados por Wills Rangel (Presidente), José Bodas (secretario general-oposición) y Argenis Olivares (tesorero).

La autonomía del movimiento obrero petrolero ha quedado en entredicho porque lejos de buscarse intereses laborales han primado intereses ideológicos y políticos. Burda excusa es señalar que así se hacía en la cuarta república porque se supone que los actuales vinieron para cambiar los esquemas de actuación.

Se acusan las presiones laborales, financieras y psicológicas que se han hecho desde la presidencia misma de PDVSA para que se impusiera la plancha 7 (Vanguardia Socialista). Inclusive se criticaron modos de comportamiento ilegales en los propios centros de votación y contraviniendo las normativas legales o impidiendo a medios de comunicación tildados de opositores de realizar sus labores informativas…

Pero nada de ello incide en el resultado electoral. Con ventajismos sí, pero ha triunfado la plancha socialista que domina tres cuartas partes del comité ejecutivo y que debe demostrar cómo va a actuar en su primera tarea que es lograr una convención colectiva digna para los trabajadores y la empresa. Digna para ambos. No basta que diga que no puede lograrlo todo porque en su seno está también la oposición. Pero todos saben que es minoritaria. Deberá preguntarse qué fidelidad es la que debe seguir: ¿la del modelo chavista o la del bien de los trabajadores?

No pensamos que los conflictos en la industria petrolera se hayan concluido con el hecho de haber elegido una junta directiva de la federación petrolera. Los problemas de empleo y de cumplimientos de contrato están vivitos y coleando.

Ya las dificultades no hacen sino empezar. Wills Rangel indicó que hay que insistir en “la socialización del salario” y la unificación de las nominas mensual, mayor y ejecutiva. El decir que el salario no es lo más importante, sino que hay que involucrar los costos de necesidades vitales como vivienda, salud y calidad de vida, enfrentó ya al nuevo secretario general de la FUTPV. Habrá dificultades porque los trabajadores si bien necesitan la solución de sus problemas de hábitat y salud, entre otros, saben que renunciar a la lucha salarial implicaría que no les resuelvan los otros problemas de calidad de vida.

No se ha tildado a estas elecciones de espurias o ilegales sino que la crítica fundamental ha estado basado en la manipulación desde el poder y por tanto la pérdida de autonomía sindical una vez más… La pregunta es : ¿dónde quedaron los conflictos ante estos resultados?

Editorial Sic 718. Septiembre-octubre 2009

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Varios gobiernos en América Latina vienen impulsando modelos socioeconómicos y políticos que se califican de socialistas, con el apoyo favorable de una buena parte de la población de sus países. Los movimientos de izquierda en la región han reencontrado en el socialismo  un referente ideológico que ha servido para agregar viejas y nuevas reivindicaciones. Un socialismo que pretende concebirse como alternativo tanto a las formas de dominación capitalista como a las experiencias históricas de los socialismos bolcheviques y orientales, incorporando las novedades propias de la nueva época emergente y las tradiciones republicanas y democráticas fortalecidas en los procesos políticos de las últimas décadas. La aspiración a la construcción del socialismo ha cobrado un nuevo impulso en la región.

Socialismo propuesto

Este socialismo que se pretende como alternativo se ha bautizado a sí mismo como socialismo del siglo XXI, para remarcar precisamente su novedad. Por ello se ha ofrecido como una propuesta superadora del dogmatismo ideológico y el burocratismo estatista. Se expone como una corriente ideológica en donde quiere privar la discusión colectiva y democrática, incluyente de diversas corrientes, atrevida para innovar y buscar.

El proceso político que se propone como camino o tránsito a esta etapa de la vida de nuestros pueblos es la revolución en democracia, a través de una amplia participación social en la vida pública que favorezca la democratización efectiva del poder. Se invoca el ejercicio permanente de la soberanía popular y  la legitimación política a través de los procesos constituyentes.

Evidentemente que los procesos seguidos en cada país tienen su propio derrotero y peculiaridades. Pero en general, podríamos decir que todas las proclamas hablan del nuevo socialismo como un modelo democrático, jurídicamente sustentado en el reconocimiento de los derechos humanos. Se reivindica el deseo de construir caminos propios y originales, a la altura de los tiempos que vivimos, reconociendo nuestro carácter pluriétnico, afirmando la soberanía nacional y los procesos de integración latinoamericana.

Desde esta perspectiva, cabe un sano optimismo y no se puede sino  saludar con entusiasmo este espíritu de cambio y transformación que ha movilizado a millones de latinoamericanos.

Una primera aproximación  más en detalle indica claramente que al interior de este proceso hay claras diferencias, llegándose al caso de que prácticamente en cada país en donde las izquierdas han desplazado las antiguas hegemonías políticas se está construyendo una versión propia del socialismo, a veces incluso prescindiendo del término. En donde se encuentran más semejanzas es en algunos países del ALBA (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua). Especialmente en este grupo, excluyendo a Cuba, se ha adoptado el término de socialismo del siglo XXI, siendo el modelo venezolano el que ha venido sirviendo de referente fundamental.

¿Socialismo en Venezuela?

El 9 de enero del año 2005 el Presidente Chávez anuncia en su programa dominical Aló Presidente, que habíamos entrado a una nueva etapa del proceso político: la democracia revolucionaria, que no es lo mismo que decir revolución democrática. Según la interpretación del líder, se pasa de este modo de la fase de la democracia participativa y protagónica a la democracia jacobina, aquella en la cual se justifica el ejercicio puro y duro del poder para alcanzar la felicidad del pueblo.

La democracia revolucionaria es el camino para alcanzar el socialismo del siglo XXI, cuyos grandes propósitos se enuncian, entre otros, en el Primer Plan socialista 2007 como: refundación de la nación venezolana desde los valores y principios socialistas y desde la herencia histórica bolivariana; la suprema felicidad social, a partir de la construcción de una estructura social incluyente y de un nuevo modelo productivo, humanista y endógeno; diversificación de las formas de propiedad de los medios de producción, nueva geopolítica nacional, conversión de Venezuela en una potencia energética mundial, nueva geopolítica internacional, creación de formas de democracia directa en las bases de la sociedad; etc.

La transición se fundamentará de manera especial en la centralidad del líder de la revolución.   Los resultados electorales de diciembre de 2006, aportan la base de legitimación necesaria para que Presidente Chávez se convierta en el epicentro del proceso político. El líder impulsa la revolución unificando el poder en una sola entidad sin diferenciación y contrapesos. La estrategia requiere la destrucción del Estado burgués, la conversión de los procesos electorales en mecanismos plebiscitarios y el control de los aparatos de producción ideológica. Estas líneas se convirtieron expresamente en programa de acción en la propuesta de reforma constitucional de diciembre de 2007.

Las críticas más certeras a este modelo provienen de algunas personas que han estado muy vinculadas con el Movimiento Bolivariano. Aun cuando se simpatiza con el carácter socialmente progresivo de algunas de sus políticas redistributivas y en general con las transformaciones políticas impulsadas desde 1999 hasta el 2004, se señala que el modelo de socialismo que se pretende en Venezuela tiene las limitaciones propias de todo sistema que se impone desde arriba hacia abajo.

Para estos autores estaríamos ante los típicos  espejismos del estalinismo y del estatismo autoritario, endulzados con la retórica del nacionalismo popular revolucionario. La discusión, el debate, la polémica en un clima de libre expresión de las ideas y pensamientos con múltiples voces y desde múltiples corrientes se desestiman, excluyen y denigran como una amenaza  frente a la única dirección posible: la del líder carismático.

Existe un permanente intento de legitimar la centralidad de una forma de Estado corporizada, hegemonizada y fetichizada en la persona del jefe carismático. Un estado cuyo verdadero y único poder reside en el Presidente de la República, convirtiendo el resto de los poderes públicos en acólitos y servidores. Un partido dominante que funciona como partido único, con una fuerte burocratización interna, cuyos cuadros se confunden con los administradores del Estado. Un Estado-partido que encapsula y coloniza corporativamente las organizaciones sociales, especialmente las organizaciones de base.

La revolución desde arriba pretende hegemonizar la producción ideológica. De allí el afán por controlar toda forma de producción cultural y simbólica, incluso hasta la religiosa. La hegemonía cultural e ideológica supone también excluir toda disidencia y por supuesto las personas, grupos o instituciones  que la enuncian. Produciéndose de esta manera una terrible contradicción: la revolución deifica a un hombre nuevo mientras desprecia profundamente las personas reales; reclamando su sumisión ante una minoría virtuosa, qué le promete su redención mediante un ejercicio autoritario del poder que justifica incluso la represión.

¿Qué dice la gente?

Las encuestas de opinión señalan claramente que esta versión del socialismo venezolano del siglo XXI cuenta con resistencias entre la población. Sus niveles de apoyo oscilan entre un 30% a un 35%, mientras la mayoría prefiere como sistema lo que se ha dado en llamar democracia social; que recoge el imaginario creado  a partir de las propuestas de la Constitución Nacional de 1999. Estos datos son congruentes con los resultados electorales de la consulta sobre la reforma electoral de 2007 y ha tenido signos sociales manifiestos como el aumento de la protesta social vinculada a reivindicaciones laborales, habitacionales y educativas entre otras.

¿Y los resultados de la estrategia por dónde van?

Si tomamos como referencia los inicios del año 2005 como la puesta en escena de las estrategias económicas, sociales y políticas para enrumbarnos hacia el socialismo del siglo XXI, al día de hoy nos encontramos con algunos rasgos que resultan al menos paradójicos. En efecto, se ha venido desconstruyendo la economía privada existente sustituyendo la vieja burguesía por otra en convivencia con el gobierno (boliburguesía). Se destruye el antiguo sindicalismo y se suplanta por organizaciones obreras del Estado. La llamada economía social no aporta ni el 1,5% al PIB. Nos hemos convertido en una economía exclusivamente rentista e importadora. La socialización no ha sido otra cosa que el traspaso progresivo de medios de producción, tierras, bienes inmuebles a la burocracia del Estado.

Al mismo tiempo se amplía el vacío institucional que ha dejado la desconstrucción del Estado burgués y la inexistencia del Estado socialista. Se dilata cada vez la ineficiencia de las instituciones pública y medra a sus anchas la corrupción.

La búsqueda necesaria

Intentar construir mundos nuevos es el sentido principal de la política, siempre que lo hagamos humanamente, a la altura de los tiempos, aprendiendo las lecciones del pasado, sin gríngolas ideológicas. El término socialismo evoca en América Latina el deseo de vivir en equidad y justicia, en libertad y plena democracia. Socialismo es evitar que la economía sea una máquina de muerte y la democracia un bien exquisito del que sólo disfrutan algunos. Desearíamos un socialismo del siglo XXI que se proponga como aventura intelectual, desafiante, ajustada a las exigencias del presente y futuro previsible. Empeñarse en repetir fórmulas pasadas, impuestas desde arriba, es en el fondo  meter gato por libre, es decir, un nuevo proyecto de dominación y no el proyecto de liberación proclamado.

Erick Mayora

No se puede opinar ligeramente, y menos en sentido peyorativo, sobre la realidad de los barrios de Caracas. Esa es una de las tantas conclusiones a las que se puede llegar, tras haber presenciado, el pasado sábado 26 de septiembre, el estreno del documental Bloques de lucha y dignidad, de la Fundación Centro Gumilla, un producto audiovisual en el que se recoge la inmensa “riqueza” de los sectores “pobres” de la ciudad.

En el documental, son los propios habitantes de las barriadas capitalinas, son los propios protagonistas de la organización popular y de los procesos sociales caraqueños, los que cuentan sus vivencias en el barrio, sus luchas, sus modos de vida, dando a conocer al espectador una realidad distinta muchas veces difundida con debilidad.

Bloques de lucha y dignidad no es una oda a la pobreza, es sencillamente un viaje al interior de las barriadas caraqueñas que devela la complejidad de la vida en estos lugares. Si en los barrios hay violencia, también hay gestores de paz. Si en ellos hay personas que incurren en delito, también hay líderes sociales que se han ganado el calificativo por trabajar sinceramente en pro de la comunidad. Si en los barrios hay carencia material, también hay –y mucha- riqueza espiritual y sentido de humanidad. Es esta amplia realidad la que está dibujada en el video.

Durante 35 minutos nos encontrarnos con testimonios de personas que tienen toda su vida en el barrio, que han sido fundadores del mismo, que han construido sus historias en él y que han gastado años y suelas de zapatos pateando sus calles, callejones y escaleras con tal de lograr una mejor calidad de vida, sin necesidad de abandonar el lugar donde siempre han vivido. Todo el proceso experimentado por estas personas implica, a su vez, un proceso de socialización que va definiendo al sujeto como tal y que va creando identidad y arraigo en él. Entonces, ¿cómo y por qué dejar el barrio? Para responder a esta interrogante es necesario asumir el tema con responsabilidad, pues formular con presteza opiniones negativas respecto a la vida en el barrio es dar cuenta de una ignorancia tremenda, dañina para nuestra sociedad.

Las causas del desplazamiento forzado en Colombia son diversas y varían por regiones, entre ellas están las confrontaciones armadas que se dan entre grupos ilegales; las operaciones de la fuerza pública contra éstos grupos; las acciones estratégicas de guerrillas y de nuevos grupos paramilitares, que han surgido tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su pugna por el control de las redes del narcotráfico; la siembra masiva y dispersa de minas antipersonales, especialmente por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP) y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN); la intensificación del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; un alto número de asesinatos selectivos; secuestros y por último, un hecho que se ha venido incrementando en los últimos años, la compra estratégica de tierras por parte de empresas privadas nacionales e internacionales para la siembra de monocultivos que enriquecen a pocos, empobrece a muchos, le quita tierra al campesino, disminuye la productividad de alimentos y contribuye a la devastación de fauna y flora silvestre.

El fenómeno del desplazamiento se sigue presentando de manera continua. Un último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), muestra como el desplazamiento aumentó en el 2008 un 24% aproximadamente sobre los resultados del 2007. Señala un total de 4.629.190 Personas en Situación de Desplazamiento (PSD) de 1985 al cierre de 2008. De otro lado, las cifras oficiales en Colombia son dadas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, ellos registran un total de 3.115.266 PSD de 1997 a Junio de 2009. Citando otro punto de vista, según el informe mundial sobre desplazamiento presentado por ACNUR, Colombia alcanzó el primer lugar en número de desplazados en el mundo, seguida por Irak y El Congo, con un aproximado de 3.281.000 PSD.

De estos registros, el mayor porcentaje de población afectada son niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas y afrodescendientes; los pueblos y comunidades indígenas y los grupos afro colombianos sufren una situación particular, ya que por su contexto y la discriminación a la que son sometidos por los gobiernos y la sociedad, es difícil tener un registro claro de la cantidad de personas que se han visto obligados a desplazarse.

Es preocupante que aun siendo minorías, representan una población altamente significativa dentro del total de las PSD. Es claro que en Colombia existe una seria dificultad para confiar en las cifras que se dan respecto al desplazamiento, debido a la pluralidad de metodologías, posiciones y cobertura de aplicación. Sin embargo, así se promedien las cifras, lo que muestran es una grave situación humanitaria que no es tratada por el gobierno nacional de Colombia con la importancia y prioridad que ameritan.

Recopilación de Jhozman Camacho

La repentina aparición de Manuel Zelaya en Honduras
(Días 22 de septiembre de 2009)

El derrocado presidente entró en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa después de un viaje de 15 horas en el que, según dijo, atravesó ríos y montañas. Agradeció la ayuda de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Sus partidarios se reunieron en los alrededores de la sede diplomática. El Gobierno Interino impuso un toque de queda y exigió la entrega a la justicia del mandatario depuesto (El Nacional). Así mismo, Llamó a la Fan a no derramar sangre y dice estar dispuesto a negociar. Brasil confirma que el mandatario está en su embajada. Micheleti decreta toque de queda. OEA ofrece apoyo unánime a Zelaya / (Últimas Noticias).

Por su parte, el presidente interino, Roberto Micheleti, dijo que se solicitará a la Embajada de Brasil en Honduras la entrega del gobernante depuesto, acusado de al menos 8 delitos. “O le da asilo, o lo entrega”, afirmó. Se decretó toque de queda desde las 4:00 p.m. de ayer hasta las 6:00. De hoy para evitar desórdenes. El gobierno de Micheleti demandó al Continente respetar la autodeterminación de su país / (El Universal).

Violencia y represión en Honduras tras regreso de Zelaya
(Días 23 de septiembre)

Detenidos simpatizantes de Mel

Tras la presencia de Zelaya en la Embajada de Brasil fueron detenidas 170 personas en los alrededores de la misma en Tegucigalpa por choques con la policía y participar en supuestos desórdenes. Otras 77 abandonaron la legación, a la que ingresaron horas antes por la fuerza.

Tegucigalpa en toque de queda

Un toque de queda de 26 horas convirtió a Tegucigalpa en un ciudad fantasma: Comercios, escuelas y almacenes estaban cerrados, y el transporte público con irregularidad. Los aeropuertos permanecían también cerrados.

Acusaciones del gobierno de Micheleti

El Gobierno interino acusa al mandatario depuesto de 18 delitos, y presiona a Brasil para que lo entregue a la justicia o le conceda asilo. La embajada brasileña en Honduras asegura que estuvo sin agua, energía eléctrica y teléfonos por varias horas. Por otra parte, Ramón Velázquez, vicepresidente del Congreso de Honduras, aseguró que la vuelta de Zelaya era un escenario que estaba previsto. Aunque pudiera significar más costos de vidas para los hondureños, en lugar del cierre del capítulo y la administración de la justicia (El Nacional).

Reacciones de Brasil

Lula exige que se respete su embajada. Además planteó a Zelaya no dar argumentos a las autoridades interinas para que se viole la sede diplomática. El canciller Celso Amorim le pidió no usar la palabra “muerte” pues se busca el diálogo. Brasil niega haber facilitado el ingreso a su legación. (Universal). A lo que Micheleti declaró que la crisis se resolverá con las elecciones. En la sede diplomática permanecen varios asesores del mandatario depuesto ( El Nacional).

Hildebrand Breuer

La reciente Cumbre extraordinaria de la Unasur ha provocado muy diversas reacciones, y cada quien desde su trinchera parece ver signos de triunfo, lo que a primera vista complicaría un poco su lectura. Sin embargo, creemos que intentando contestar algunas preguntas concretas podemos aproximarnos a los alcances reales de esta reunión, despojados de cargas valorativas e ideológicas, o haciendo al menos el intento sincero de lograrlo.

Tratemos entonces de dar respuestas a estas preguntas que uno pudiera hacerse luego de haber visto la reunión, y leído además el documento que de ella surgió.

¿Condena el documento de Bariloche el acuerdo que firmarán Colombia y Estados Unidos en materia de bases militares?

No. El único artículo del documento que podría abordar el tema de las bases es el tercero. Pero en él no se expresa que no habrá presencia militar extranjera en la región, sino todo lo contrario. Dice de forma muy clara que “la presencia de fuerzas militares extranjeras, no puede (…) amenazar la soberanía e integridad” de las naciones suramericanas. Para que una presencia militar no pueda amenazar algo, es decir, tenga la obligación de respetar estos principios, esa presencia debe existir. Es un razonamiento lógico. De lo contrario, el artículo habría dicho algo como, “toda presencia militar extranjera amenaza la soberanía y la integridad…”. Pero no lo dice, y así lo entenderá Uribe, quien habla perfecto castellano.

Ahora bien, atendiendo al hecho de que el principal motivo de malestar por las bases, es una supuesta amenaza contra la integridad territorial y la soberanía de los Estados de la región, cabe cuestionarnos: ¿pueden estar estas bases dentro de una estrategia de agresión en contra de los países suramericanos?

La respuesta es: Cuarta Flota del Comando Sur. Estados Unidos tiene en aguas del Caribe buques de guerra que cuentan con la misma, e incluso mejor tecnología que aquella que instalarán en Colombia. Muy cerca de nuestras costas, a pocas millas náuticas de nuestro mar territorial, radares de última generación, aviones con tecnología stealth y otras muestras del poderío militar norteamericano, se pasean libremente, y con posibilidades de hacer hoy, en este instante, todo eso que anuncian algunos que harán con las bases, y que de paso se anunció también harían hace once años cuando fue firmado el Plan Colombia.

En conclusión: Estados Unidos no necesita en lo absoluto estas bases para llevar a cabo esas acciones que muchos indican.

Si nosotros tenemos la convicción de que Estados Unidos es un imperio, pues para nosotros sus políticas serán desde luego imperiales. En todo veremos no más que tácticas que acrecientan su poderío en detrimento de aquellos más débiles. Pero si admitimos que, en lugar de imperio, es ciertamente una hegemonía que se ha constituido como tal a través de políticas oscuras, pero también de una gran legitimidad en no pocos momentos de la historia, ya el panorama cambia, y no es de seguro tan maniqueo. Tal y como lo hizo en su momento la URSS, los Estados Unidos han identificado y tratado de incidir en aquellas zonas de su área natural de influencia que por diversas razones le son sensibles. Lo que sigue estando en duda es, hasta qué punto eso no ha sido casi siempre con niveles importantes de anuencia por parte de los propios latinoamericanos.

Salvo los casos de plena Guerra Fría en los que se jugaban más cosas de las que imaginamos, y cuando su par soviético hacía exactamente lo mismo en Europa del Este y Asia Central, movilizando pueblos enteros, creando laboratorios étnicos, rusificándolo todo y generando problemas inter étnicos que hoy siguen vivos, sí, el gringo entra, pero cuando lo invitan.

Este tema nos lleva inevitablemente a otro que sería muy valioso discutir en próximas reuniones de la Unasur. Y es que es verdad, debemos preguntarnos, ¿es positivo que sea Estados Unidos quien aporte una ayuda efectiva a Colombia en su lucha intestina contra el narcoterrorismo, y no los propios Estados latino y suramericanos? Más que asomar la idea de que sea negativo, queremos enfatizar el hecho de que lo realmente positivo sería que ese apoyo proviniese de los vecinos de Colombia. Toda esta coyuntura está resultando ser una oportunidad inigualable para atrevernos a pensar en fuerzas conjuntas, verdaderamente integradas, coherentes y capacitadas para enfrentar lo que a las fuerzas militares competa en cuanto a la seguridad y defensa de nuestra región. Chile y Argentina en ello tienen la valiosísima experiencia de la Cruz del Sur, una fuerza conjunta producto del cumplimiento casi cabal de las exigencias de sus libros blancos de defensa, lo que allanó el camino para un trabajo mancomunado.

Hay además en todo esto un elemento que no podemos dejar pasar, y es la alusión, y de hecho el otorgamiento de competencias importantes en ciertos temas al Consejo Suramericano de Defensa. Debemos decir para iniciar, que el sólo nombre de esta figura nos despierta desconfianzas y nos persuade sobre el hecho de que en Suramérica no se están comprendiendo algunas cosas en materia de seguridad.

Si tuviéramos que escoger los cinco fenómenos que con más fuerza amenazan la seguridad de nuestros Estados, muy probablemente todos los suramericanos coincidiríamos en que el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los desastres naturales y pandemias, e incluso la corrupción, son los que mayor repercusión tienen sobre el ciudadano de a pie, ese sobre el cual debe estar pensada la seguridad en términos no tradicionales. Como deberíamos concebirla en América Latina por cierto.

Sin embargo, si vamos un poco más allá en el análisis, nos asombraríamos quizás al percatarnos de que esos flagelos, y muchos más que no hemos mencionado pero que igualmente atentan contra nuestras poblaciones, son competencia en casi la totalidad de nuestros Estados de los ministerios de salud, interior, justicia, policías e instituciones de protección civil y otros. Otros, que en muy raras oportunidades incluyen a las Fuerzas Armadas. A pesar de esto, el Consejo Suramericano de Defensa, no solamente da un paso atrás desde la óptica de la semántica, obviando que la defensa es sólo un aspecto de la seguridad, sino que concentra en los ministros de defensa y cancilleres problemas que no pueden ni estructural ni institucionalmente resolver.

¿Qué se jugaba, entre líneas, en Bariloche?

Esta reunión tenía para sus participantes, independientemente de sus resultados sobre el tema de las bases, niveles de importancia muy distintos. En ello Lula acierta: una Cumbre de estas características, y sobre todo, con estos protagonistas no debía ser transmitida. En la reunión, primaron por esto los discursos grandilocuentes y patriotas.

Y es que, ¿A quiénes hablaban la mayor parte de jefes de Estado presentes? Pensar que Uribe dirigió sus palabras únicamente a Perú, Brasil y a Chile, de los más dados al diálogo entre los presentes, es ver todo esto con un lente muy cercano a la hoja que estamos leyendo. Veamos el mapa completo. Uribe, al tiempo que defendía el acuerdo, citaba cifras y arrojaba datos de la realidad interna de su país que lo colocaban como un paladín de la seguridad colombiana, no ante los chilenos o brasileños, sino frente a los colombianos que esperan atentos la decisión de sus instituciones que para el momento en que se escriben estas líneas, deben estar definiendo el futuro político del Presidente, allanando o no el camino a la reelección.

Lo propio hizo Ecuador y Venezuela. Chávez y Correa hablaron a sus propios pueblos, inflando sus espíritus revolucionarios, antiimperialistas y profundamente patriotas, con una retórica más orientada a mantener la confrontación que a la construcción de soluciones viables.

Pero es que el propio Lula, y esto es de lo más interesante de la Cumbre, dejó para nuestra óptica bastante claro cuál era su público, y por eso nos preguntamos, ¿Fue tiempo lo que el Presidente del Brasil lamentó perder? Estamos persuadidos de que no fue exactamente así. Para Brasil, esta reunión de Unasur era sencillamente una vitrina en la que el gigante del sur con ansias muy válidas de proyección mundial, se mostraría a las potencias del orbe como un líder capaz de aglutinar a través de su legitimidad, por lo menos a los integrantes de su área de influencia. No lo logró. Los cinco duros del Consejo de Seguridad, esos con los que Brasil, la India, Japón y Alemania se quieren sentar permanentemente, le dirían en este momento al presidente Lula que, poco o nada acompañado está el poder económico y militar, si no va con ellos una buena dosis de poder blando, ese con el que se influye sobre otros en los grandes momentos, y que Estados Unidos por ejemplo, ha decidido recuperar con el presidente Obama sentado en la Oficina Oval.

De todo esto se deduce que mientras unos concentraron sus fuerzas en los discursos, las formas y los gestos, otros, la minoría lamentablemente, parecían más enfocados en conseguir esos resultados que los pueblos esperaban en los titulares al día siguiente de la reunión.

Como diría James Freeman Clarke: “un político piensa en las próximas elecciones; un estadista piensa en la próxima generación”.

Honegger Molina

Uno de los hechos acontecidos recientemente y que representa un hito para la iglesia venezolana es la restauración de la Virgen de Coromoto. Conozco en persona a Nancy Jiménez, miembro del equipo restaurador, con prestigio en toda América por su cualificación en el ramo y quien aseguró un trabajo impecable. Reliquia, patrimonio del pueblo venezolano, que seguirá a salvo por muchos siglos más. La fe sencilla de la gente la venera desde hace 357 años, en Guanare, lugar de la aparición, y a donde los creyentes peregrinan al Santuario para confiarle su dolor y pedirle nuevas fuerzas para seguir luchando.

Resulta llamativo que las principales apariciones de la época Colonial sea a indígenas (nunca se aparece a obispos ni a curas), siendo que los indios en la primera época de la Conquista no eran considerados dignos de instrucción religiosa ni de sacramentos por “no tener alma”. Recordemos que los indios de Guanare ayudados por la Virgen salieron de las montañas para pedir conocimientos sobre Jesús de Nazaret, su hijo, y pedir el bautismo cristiano. Sin embargo, el cacique, al sentir que había perdido su libertad, se regresa a la selva. Pero en la madrugada de un día como hoy de 1652, aquella Bella Señora se le aparece de nuevo. El nativo le pide que lo deje tranquilo, y le dice que ya no le obedecerá. Entonces, se levanta toma el arco y la flecha para matar a la Señora, pero ésta se aproxima a él para abrazarlo. Acto seguido, al cacique se le caen las armas empuñadas. Entonces, toma por un brazo a aquella Dama para sacarla de su choza y en ese momento ocurre el milagro. Ella desaparece, dejando en la mano del Cacique su diminuta imagen.

Es una imagen que mide 2,5 cm de alto por 2 cm de ancho. Curiosamente tiene gran similitud con la Virgen del Principio. Pintura que le atribuyen al propio Evangelista Lucas, y que fue venerada en Nápoles desde el siglo IV. La interesante investigación titulada: “Extrañas Coincidencias, Similitud de la Virgen del Principio con la Virgen de Coromoto” escrita por, Medardo D´Ambrosio, en: La Voce D´Italia (27 de mayo del 2002), dejan perplejo a cualquier investigador que esté dispuesto a escudriñar las resonancias de los primeros siglos del cristianismo en suelo venezolano. En tal sentido, tenemos en Venezuela la imagen más próxima a la primera pintura de la Madre de Jesucristo con la cual se inició el culto mariano en el mundo.

En marzo de 2009 se dedica un laboratorio dentro del Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto. Equipo de trabajo compuesto por los restauradores Pablo Enrique González y Nancy Jiménez. Los hallazgos dejaron perplejos a los “incrédulos” científicos. Descubriendo, por ejemplo, que una vez analizadas las aguas empleadas en el tratamiento original, el pH resultó ser neutro. Hecho inexplicable para la ciencia. Detectaron símbolos ancestrales, que para el antropólogo Nemesio Montiel, son claramente de origen indígena. Por observación microscópica, se logró identificar en los ojos de la Virgen, de menos de 1 milímetro (aproximadamente 2 micras), la presencia del iris. Se pensaba que los ojos de la pintura eran simples puntos. Al profundizar en el estudio del ojo izquierdo, se pudo definir un ojo con las características humanas. Se observa claramente el orbe ocular, el conducto lacrimal, el iris y un pequeño punto de luz en el mismo. Maximizando el punto de luz, se pudo observar que el mismo parece formar la imagen de una figura humana con características bien específicas y naturales.

Hoy María de Coromoto nos muestra cómo vencer la violencia que nos rodea al estilo de Jesús: traten a los otros como quieren que los traten a ustedes (Mt. 7,12) Su imagen muestra al Hijo Amado de Dios. Su único tesoro, como Señor de la historia que sostiene al mundo en su mano izquierda y nos bendice con la derecha. Como en las bodas de Caná nos recuerda su mandato: hagan lo que Jesús les diga (Jn. 2,5). Que María bendiga nuestra Patria y nos haga constructores de la justicia y la paz.

Para próximos debates, Sic Semanal pone a disposición la Gaceta Oficial que contiene la Ley Orgánica de Educación como fue promulgada.

Ver y descargar la Ley Orgánica de Educación

Editorial Sic 717. Agosto 2009

Vea los puntos de venta

Los ciudadanos venezolanos señalan, a través de las encuestas, que los temas que generan mayor preocupación son: la seguridad personal, la inflación y la corrupción. Pero quizás se trata de manifestaciones de un problema más radical que en el fondo tiene que ver con nuestra ética social. Ésta tiene una fuerte influencia del modelo económico de desarrollo que se ha profundizado a lo largo de estos años y no es otro que el rentismo.

Habría que comenzar señalando que el problema no está en que seamos una nación petrolera como algunos señalan, sino en la relación que establecemos con ese recurso. En la medida en que más dependemos de su sola extracción y exportación, en esa medida nos empobrecemos socialmente así haya un gran ingreso económico como ha ocurrido en estos últimos cinco años.

Durante la presente gestión cada vez más la nación se ha afincado en un modelo de monoproducción primaria exportadora que genera una renta sin que la misma signifique un mayor agregado de trabajo transformador. Esto se agravó a partir del 2004 debido a los despidos ocurridos en PDVSA que destruyeron la industria nacional y la convirtieron en un ente extractor con graves problemas, alguno de los cuales se manifiestan en los reiterados accidentes laborales y en las deudas no pagadas.

Esta renta, cada vez más golpeada ahora debido a la crisis económica global, es la fuente fundamental de ingresos económicos del país que desde hace ya mucho tiempo se ha concentrado en manos del Estado. Eso ha llevado a una relación clientelar de la población con el gobierno y sus partidarios que son los administradores de dicha renta. Así, dependen del Estado, en mayor o menor medida, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación social y otras entidades de producción, además de la masa de trabajadores que son contratados directamente por la administración pública nacional, estadal o municipal en sus diversas ramas.

El aumento del precio del petróleo ha hecho ingresar una gran fortuna al Estado venezolano. Una parte de ella ha sido invertida en servicios sociales que hemos visto a través de las misiones, otra parte ha sido recibida directamente por la población que ha visto aumentar sus niveles de ingresos, e incluso a través de programas como Mercal han logrado bajar sus costos en rubros fundamentales como es la alimentación. Dichos programas han impactado especialmente en los sectores populares mejorando su calidad de vida. En este número de la revista se da razón de esta percepción a nivel popular. Luego cabe preguntarse, si esto es así ¿por qué a la vez han aumentado los niveles de criminalidad?

En la ciudad de Caracas se habla de 130 muertos por cada 100 mil habitantes, la hace la ciudad más insegura de América Latina. Pero no se trata sólo de números, sino de una percepción colectiva que preocupa igual a toda la sociedad. La mayor parte de esta violencia recae sobre jóvenes menores de 25 años, varones de sectores populares, convirtiendo esta realidad no sólo en un grave problema social, sino en un problema de salud pública. Algunos operadores políticos piensan que a través del control de la información la percepción de inseguridad podría ser superada, pero la realidad del dolor de las madres de los barrios se impone. 

Muchos insisten en que el problema se funda en la pérdida de valores, en la destrucción de la familia, en la impotencia del sistema educativo para retener a los muchachos, en la LOPNA y su excesivo proteccionismo del niño y adolescente, otros lo achacan al capitalismo, al odio social exacerbado por la polarización política, a la pérdida de valores religiosos, etc. En los estudios hechos por la CONAREPOL se señaló la situación de corrupción de las policías nacionales, estadales y municipales. Muchos señalan la corrupción del sistema judicial, del sistema penitenciario o el sistema institucional del Estado en general.

Ciertamente que esos elementos son parte de las causas que han generado esta espiral de violencia que hoy vivimos, pero quisiéramos fijarnos en la relación entre el aumento del ingreso económico y la superación de la violencia. Para algunos la causa de la violencia es la pobreza y se entiende por la misma carencia o imposibilidad de acceso a bienes y servicios básicos para la vida. De ser cierto esto, como señalamos, la violencia ha debido ir disminuyendo. Pero no ha sido así. Luego no hay una relación inmediata entre aumento o disminución del ingreso y la violencia.

Cuando el ingreso no se traduce en mayor institucionalidad, equidad y real mejoramiento de las expectativas de futuro, cuando el aumento del ingreso no implica nuevas oportunidades de desarrollo para las personas en función de crecer en su autonomía, cuando éste no implica una mejor formación humana y técnica, y sobre todo cuando no hay oportunidades de trabajo productivo, como no las hay hoy en nuestro país, entonces el aumento del ingreso sólo implicará la búsqueda de cualquier mecanismo de apropiación, que a la larga lleva a la violencia.

En ese sentido la estructura rentística y monoproductora, que caracteriza nuestro modelo económico, promueve una sociedad en la cual el valor del trabajo, la creatividad, el esfuerzo, el ahorro, la disciplina, el mérito profesional o laboral y el estudio están minimizados o desestimados. Más bien parecen sobrevalorarse criterios como la lealtad al líder o jefe, la fidelidad al partido, o la capacidad de relación y conexiones, que al final (en su peor versión) se transforman en adulación, clientelismo político y corrupción, pues de todo ello depende que se pueda recibir parte de la renta.

Pero ésta no es la única vía. Existe la sensación colectiva que somos una sociedad que tiene una gigantesca riqueza a la cual cada uno tiene derecho. La percepción (muchas veces cierta) de que los sectores mejor ubicados en la sociedad (especialmente políticos) han cocinado fortunas con base a la expoliación del erario público y que la institucionalidad no es más que una máscara para encubrir dicho enriquecimiento; las odiosas y graves diferencias sociales existentes en el país; las escasas oportunidades de desarrollo que tienen los jóvenes de sectores populares; la invitación desenfrenada de la publicidad para la adquisición de bienes, dirigida especialmente a la población juvenil; el fracaso de la escuela como medio de igualación social, la impunidad galopante frente a los hechos delictivos e incluso al exaltación del malandro de barrio, han conducido a muchos jóvenes a hacerse con lo que piensan es su derecho con base al único medio del cual disponen: su fuerza. De allí que el camino sea la violencia.

Requerimos urgentemente una transformación de este modelo rentístico portuario dependiente para pasar a un modelo económico que valore la iniciativa, el desarrollo de nueva producción, la inversión, el trabajo responsable y productivo. Para ello se requiere aumentar la credibilidad en el Estado y en las demás instituciones, no su destrucción; se necesita certeza y legitimidad en materia legislativa, en particular en materia penal; decisiones judiciales más igualitarias, predecibles e ineludibles; el empoderamiento y control de la violencia por parte de la comunidad promoviendo la participación y creación de verdaderas oportunidades laborales para los sectores juveniles con reales expectativas de desarrollo y crecimiento a mediano y largo plazo.

Es toda la sociedad la que requiere darse cuenta que nos estamos jugando nuestra existencia en esa labor y el Estado debe hacerse consciente que es el instrumento de ese proyecto para poder llevarlo adelante. Es un problema que sólo es resoluble por vía del consenso nacional, tan desestimado por la actual administración y sus opositores. En ese sentido es bueno recordar que nuestra constitución prevé que “la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.” Pero nos preguntamos ¿Serán las leyes laborales y educativas frutos del dialogo, o de una nueva imposición que nos conducirá a un mayor nivel de violencia?

RELATOR ESPECIAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN
MANIFIESTA PROFUNDA  PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DEL DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, Sr. Frank La Rue, expresó hoy día su profunda preocupación ante el cierre de 34 radios en Venezuela, que consideró “constituye un hecho grave y masivo de violación a la libertad de expresión sin precedentes recientes en el Continente”. Agregó que dicho cierre de medios de comunicación “nos hace recordar los periodos de dictadura militar que padeció la región”.

El Relator Especial expresó que el cierre de las radioemisoras se ha realizado bajo el argumento de faltas administrativas por parte de los directores de las radios clausuradas, las cuales habrían debido ser resueltas mediante los procedimientos administrativos legales normales, dando posibilidad a pronunciarse a todas las partes y buscando correctivos que no impliquen el cierre de medios de comunicación que han estado transmitiendo durante mucho tiempo. Agregó que estos cierres fueron ordenados por entidades del organismo del ejecutivo en forma sorpresiva y sin diálogo alguno con las radios interesadas.

Según el Relator Especial, la decisión de sancionar a un medio de comunicación social o de clausurarlo no puede ser una simple decisión política del organismo ejecutivo pues, de ser así, se prestaría a la arbitrariedad y al abuso de poder. Agrava esta situación el hecho de que el Gobierno haya anunciado que alrededor de otras 200 radioemisoras se encuentran bajo investigación y que corren el riesgo de que se cancele también sus frecuencias. “La sola amenaza de cierre constituye un acto de intimidación y censura política que resulta una grave violación a la libertad de expresión, consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el Relator Especial.

El Sr. La Rue expresó también su profunda preocupación por el “Proyecto de Ley Especial Contra Delitos Mediáticos” elaborado por la Fiscalía General. Agregó que dicho Proyecto de Ley contiene serias violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa de carácter conceptual. El Relator Especial cuestionó el concepto de “delitos mediáticos” pues la aplicación del derecho penal al ámbito de la comunicación social constituye una forma de intimidación política que lleva a la criminalización del disenso y de la crítica. “Se violenta de esta manera el pluralismo que debe existir en los medios de comunicación social en toda sociedad democrática”, agregó.

Ningún gobierno puede recurrir a la amenaza de aplicación de la ley penal para silenciar a sus críticos o a la oposición. La transparencia implica garantizar el pleno acceso a la información así como la expresión libre de opiniones, comentarios y críticas al que hacer pública sin ninguna limitación, y mucho menos limitaciones establecida por funcionarios del Ejecutivo. El Relator Especial recordó que los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contienen tres tipos de limitaciones a la libertad de expresión:

1. El no violentar los derechos humanos de otras personas; por ejemplo, el delito de difamación o injuria. Este delito no puede ser utilizado por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo para silenciar la crítica, se esté o no de acuerdo con ella.
2. La protección de la seguridad nacional, del orden público, la moral y la salud públicas. Pero el argumento de proteger la seguridad nacional no puede en ningún caso utilizarse como excusa para silenciar la crítica o a la oposición, pues de lo contrario se derivaría en regímenes autoritarios o dictatoriales.
3. La Incitación a la Violencia a través de:

• La apología de la guerra;
• La incitación al odio, a la discriminación o violencia por razones de raza, cultura, idioma o religión.

Estos tres casos pretenden establecer criterios legítimos para limitar la expresión, pero no constituyen criterios para penalizar el uso de la misma. Deben estar fundamentados en la protección de los derechos humanos de otras personas y establecidos por ley preexistente a su aplicación.

El Relator Especial precisó no se pueden utilizar estas normas en ningún caso para limitar la crítica a la función pública o las diferencias de opinión con las autoridades de Estado. Agregó que “todas las limitaciones deben ser determinadas por órgano jurisdiccional en aplicación de la ley”. “En ningún caso pueden resultar de una decisión política de las instituciones del Estado y menos aún de instancias administrativas del Organismo Ejecutivo”.

Tampoco es aceptable el que se pretenda utilizar los argumentos de objetividad o veracidad en las informaciones o noticias, pues éstas dependen del punto de vista de quien las comunica y no existe un órgano público que tenga el privilegio o autoridad para determinar en qué consiste la verdad absoluta. Esta es la razón por la cual se establece el principio de pluralismo de opiniones en las comunicaciones, de disenso y de crítica en la libertad de expresión. Este principio también es fundamental para garantizar la auditoría social, la transparencia y la probidad en la función pública.

El Relator Especial precisó que “el Proyecto de Ley, en su concepción misma, pretende establecer figuras delictivas en el ámbito de la comunicación social, criminalizando la crítica y limitando el pluralismo de opiniones”. Según el Relator Especial, dicho Proyecto “constituye una censura política y un serio retroceso en el orden democrático que debe imperar en todo país”.

El Relator Especial concluyó solicitando a las autoridades de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que dejen sin efecto las órdenes de cierre de las 34 radioemisoras afectadas, hasta que todas las partes hayan sido debidamente escuchadas y se adopte una posición de carácter administrativo y no político, basada en el pleno respeto a los derechos humanos.

“Cualquier consideración del Proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos por el Organismo Legislativo debe suspenderse hasta tanto se produzca una discusión más amplia y profunda desde la perspectiva de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y conforme a las obligaciones de Estado asumidas en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado”. Agregó que “las diferencias políticas o ideológicas no pueden ser motivo para limitar la libertad de expresión”.

El Relator Especial concluyó su declaración ofreciendo a la República Bolivariana de Venezuela su cooperación y apoyo técnico en estos procesos, solicitando una invitación para visitar el país con ese propósito.

Carlos F. Lusverti

En su reciente intervención ante la Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República, con motivo de la propuesta de ley contra los delitos mediáticos indicó:

“Constituye un valor constitucional la protección a la seguridad de la Nación, y este valor, si lo colocamos frente a la libertad de expresión, debe prevaler la seguridad de la nación, siendo su defensa responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, personas naturales o jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional.” Vea la fuente original en documento de la Fiscalía General

La Fiscal comete un error pues subordina los derechos humanos a la seguridad de la nación cuando es al revés: la seguridad de la nación está subordinada a los derechos humanos, es decir que la seguridad de la nación existe para proteger a los derechos de las personas. Contrario a la opinión de la Fiscal, la Constitución a texto expreso dispone en general la preeminencia de los derechos humanos (Art. 2) no de la seguridad del Estado. Si bien es cierto que la seguridad de la nación es importante, ella es instrumental al verdadero fin del Estado: la defensa y protección de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la libertad de expresión e información. (Art. 326).

Si bien las normas sobre derechos humanos (Art. 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos) admiten restricciones a la libertad de expresión en función de asegurar la protección de la seguridad nacional y el orden público; dichas restricciones no pueden desnaturalizar el contenido del derecho, siendo aquellas estrictamente necesarias. Ello significa que tales limitaciones deben estar previstas en detalle en las leyes y no quedar sometidas a regulaciones vagas u oscuras, que conlleven a restricciones o censura indirectas que “impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” como la que puede derivarse en casos de autocensura por el temor a sanciones desproporcionadas.

SJR-Guasdualito

Web SJR / SJR Latinoamérica

En muchas regiones de Colombia las personas se ven obligadas a abandonarlo todo para no estar en la mitad de fuegos cruzados entre actores armados, para poder ser respetados como población civil y salvar sus vidas y las de sus familias. Cientos de personas, después de uno o dos desplazamientos dentro del territorio colombiano, huyen hacia las fronteras de Colombia con Venezuela, Ecuador o Panamá. Al conocer la experiencia de estas personas en territorios venezolanos aledaños al río Arauca, conocemos sus realidades: su nueva “casa”, sus nuevas “calles”, sus nuevos “vecinos”, esa nueva vida, que muchos creerían que es mejor que en su propio país, mejor que lo que la guerra les quitó, pero no.

El hacinamiento, la pobreza extrema, el hambre, la violencia, el temor generado por los mismos grupos armados de Colombia, la falta de oportunidades para trabajar, estudiar y la imposibilidad de moverse libremente por carreteras y ríos, son su día a día.

No solo fueron violados sus derechos constitucionales en Colombia, les violaron sus derechos humanos y fueron sometidos a crímenes de lesa humanidad, sino que además las restricciones y la falta de humanidad y solidaridad del gobierno venezolano y el abandono del gobierno colombiano, encabezado por el presidente Uribe Vélez, les ha restringido y les ha puesto mil trabas a los solicitantes de refugio, para poder acceder a su derecho humano a ser reconocidos como Refugiados. Muchos de los solicitantes llevan entre 5 y 8 años esperando una respuesta por parte del gobierno Venezolano, mientras tanto son víctimas de los abusos de la guardia nacional venezolana y del aislamiento total.

Los solicitantes de refugio son personas que quieren vivir en paz, trabajar tranquilos, dejar de correr de un lugar a otro. Seres humanos que fueron desplazados dentro de Colombia, que deciden cruzar la frontera del país y buscar oportunidades para vivir dignamente, y ahora se ven obligados, nuevamente, a huir dentro del territorio venezolano por temor a los diferentes grupos armados que hacen presencia en las zonas fronterizas, no solo colombianos, sino también grupos armados venezolanos que aunque no mantienen confrontaciones armadas directas, su presencia constante atemoriza a mujeres, niños, niñas y adolescentes y a padres de familia que no se resignan a tener que vivir huyendo sin ser culpables de nada.