En su reciente intervención ante la Asamblea Nacional, la Fiscal General de la República, con motivo de la propuesta de ley contra los delitos mediáticos indicó:

“Constituye un valor constitucional la protección a la seguridad de la Nación, y este valor, si lo colocamos frente a la libertad de expresión, debe prevaler la seguridad de la nación, siendo su defensa responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, personas naturales o jurídicas que se encuentren en el espacio geográfico nacional.” Vea la fuente original en documento de la Fiscalía General

La Fiscal comete un error pues subordina los derechos humanos a la seguridad de la nación cuando es al revés: la seguridad de la nación está subordinada a los derechos humanos, es decir que la seguridad de la nación existe para proteger a los derechos de las personas. Contrario a la opinión de la Fiscal, la Constitución a texto expreso dispone en general la preeminencia de los derechos humanos (Art. 2) no de la seguridad del Estado. Si bien es cierto que la seguridad de la nación es importante, ella es instrumental al verdadero fin del Estado: la defensa y protección de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la libertad de expresión e información. (Art. 326).

Si bien las normas sobre derechos humanos (Art. 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos) admiten restricciones a la libertad de expresión en función de asegurar la protección de la seguridad nacional y el orden público; dichas restricciones no pueden desnaturalizar el contenido del derecho, siendo aquellas estrictamente necesarias. Ello significa que tales limitaciones deben estar previstas en detalle en las leyes y no quedar sometidas a regulaciones vagas u oscuras, que conlleven a restricciones o censura indirectas que “impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” como la que puede derivarse en casos de autocensura por el temor a sanciones desproporcionadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado nuevamente al estado venezolano por la destitución de una jueza. Es el caso de destitución de María Cristina Reverón Trujillo; quien fue destituida de su cargo de juez provisoria en 2002; y que después de haber sido reconocida la arbitrariedad de su destitución por el propio Tribunal Supremo de Justicia en Sala Políticoadministrativa se le impidió reintegrarse a su cargo bajo el argumento de la necesidad de realizar concursos para proveer los cargos de jueces.

El proceso de reforma del Poder Judicial comenzó en 1999 con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Uno de sus primeros actos fue precisamente establecer una emergencia judicial que pretendió adecentar el poder judicial venezolano, al respecto la Corte ha recordado que “el régimen de transición en Venezuela persigue un fin legítimo y acorde con la Convención, [Americana de derechos Humanos] esto es, que los mejores jueces integren el Poder Judicial. No obstante, la aplicación en la práctica de dicho régimen se ha mostrado inefectiva para cumplir con el fin propuesto. En primer lugar, porque el régimen se ha extendido por cerca de diez años. Incluso el 18 de marzo de 2009 el TSJ dictó una resolución en la que se ordenó la “reestructuración integral” de todo el Poder Judicial y ordenó el sometimiento de todos los jueces a un “proceso obligatorio de evaluación institucional”, permitiéndose a la Comisión Judicial suspender a los jueces que no aprueben dicha evaluación.”

Añadido a lo cual debe indicarse la mora en cuanto a la aprobación de las leyes que en teoría establecerían las debidas garantías al proceso como lo son el Código de Ética del Juez y porque “el Poder Judicial tiene actualmente un porcentaje de jueces provisorios de aproximadamente el 40%, conforme a las cifras proporcionadas por el propio Estado, porcentaje que en la época de los hechos del presente caso alcanzó el 80%. Lo cual en dichos de la propia Corte además de generar obstáculos a la independencia judicial afecta especialmente dos atributos de esa independencia la garantía de estabilidad e inamobilidad”.

Una discusión de fondo, es si los jueces provisorios tienen un derecho al cargo. Ello indudablemente que no es así, pues como expresamente establece la Constitución a la función de juez se accede por concurso público de oposición, sin embargo como reseñó la propia Corte en un caso, donde se discutía la destitución irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo señaló que: “los Estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean independientes y, por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la provisionalidad no equivale a libre remoción”.

La CorteIDH, no ha llegado a declarar que el Poder Judicial en Venezuela no sea independiente, pero si ha dicho que la provisionalidad y su consecuencia: la libre destitución de jueces, además de ser una violación a los derechos de la persona destituida, pone en peligro la garantía fundamental de independencia de los jueces y del debido proceso a la hora de tomar sus decisiones afectando a las personas que acuden a los tribunales, es decir, afectando a la sociedad.

Desde el 12 de junio, que un cuestionado proceso electoral le dio la reelección al presidente Mahmud Ahmadineyad, la situación en Irán ha dejado ya un saldo de 21 personas muertas, según las autoridades, durante la primera semana de protestas. La respuesta a las manifestaciones del líder supremo de Irán, ayatolá Jamenei, (19 de junio de 2009) cuando amenazó que si las protestas continuaban, las autoridades las reprimirían con violencia, se unió a la de otros voceros religiosos quienes pidieron que se castigara “duramente y sin piedad” a quienes participaban en las manifestaciones, pues consideraban que las manifestaciones era ejemplos de “enemistad contra Dios” (moharebeh), un delito que en Irán puede castigarse con la muerte.

Estas declaraciones se unen a las de otros altos funcionarios políticos y religiosos iraníes que dan cuenta de la decisión de las autoridades de reprimir y castigar a los manifestantes con la finalidad de suprimir cualquier signo de protesta pacífica y de oposición política.

En el marco de las protestas por las irregularidades electorales, dirigentes de oposición, periodistas, intelectuales, estudiantes y defensores de derechos humanos han sido detenidos, sea por tratarse de partidarios de los opositores a la reelección del presidente Ahmadineyad o por haber criticado sus políticas e incluso por haberse reunido con simpatizantes de estos. Algunos de ellos podrían estar siendo torturados, según información de Amnistía Internacional, o sometidos a juicios sin garantías en los que podrían ser condenados a muerte. Así por ejemplo Shiva Nazar Ahari, defensora de derechos humanos y miembro del Comité de Reporteros de Derechos Humanos, detenida en su domicilio de Teherán el 14 de junio de 2009, por agentes de seguridad que registraron la casa y se llevaron objetos personales, e igualmente su abogada Shadi Sadr fue detenida arbitrariamente el 17 de julio mientras se dirigía a realizar sus oraciones, en las calles de Teherán según información de Amnistía Internacional.

La información ha llegado al mundo a través de Internet en imágenes y videos alcanzados con teléfonos celulares, por lo cual las autoridades han restringido la libertad de expresión e igualmente han interrumpido el acceso a Internet, prohibido a los medios de comunicación que publiquen información, y  expulsado periodistas internacionales acusándoles de propiciar las protestas.

Los principios de derechos humanos previstos en tratados de los cuales Irán es parte y que se ha comprometido a respetar garantizan el derecho a la manifestación pacífica con lo cual el estado iraní debe garantizar este derecho a los manifestantes y consecuentemente hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, restringiendo el uso de armas de fuego en la medida que sea estrictamente necesario para salvaguardar las vidas de las personas, bajo la premisa que el personal de seguridad debe proteger la vida humana. La situación en Irán sintetiza el principio de que aún cuando un sistema político tenga la tendencia que sea, solo la transparencia en las reglas del juego y el equilibrio en el acceso al poder, resultan cruciales para mantener su paz y tranquilidad.

Una reciente decisión de la Unión Africana la ha alineado con el presidente de Sudán, Omar al Bashir, al negarse a cooperar con la Corte Penal Internacional, la cual dictó el pasado 4 de marzo, una orden de detención por los hechos ocurridos en Darfur. La Unión no reconoció la orden de detención emitida por la Corte en su 13ª Cumbre de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno la Unión Africana.

Desde 2003 Darfur vive un conflicto armado entre el gobierno de Sudán, varios grupos armados de oposición y grupos armados por el propio gobierno (milicias conocidas como los yanyawid). Según información de Amnistía Internacional así como de Naciones Unidas y otras agencias humanitarias presentes en Darfur, a consecuencia del conflicto en Darfur, han muerto 300.000 personas y más de 2.4 millones han sufrido desplazamiento y viven en campos para personas internamente desplazadas en diversos lugares del país, donde las personas más afectadas son las mujeres y niños víctimas del conflicto.

Esta decisión es incomprensible, considerando el decidido apoyo que los estados africanos dieron a la creación de la Corte en 1998, e igualmente con el hecho que tres de ellos (República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda) hayan remitido casos a la Corte. Esta decisión así mismo quebranta las obligaciones previstas por el propio estatuto de Roma que obliga a los estados partes a cooperar con la Corte. Es igualmente incomprensible considerando que es la Unión Africana una de las organizaciones presentes en Darfur para atender a la crisis humanitaria, quizá la atención debe dirigirse en criterio de algunos analistas en cuanto a que los países africanos estarían considerando a la CPI como un intento de occidente de intervenir en sus asuntos internos.

La negativa a cooperar con la Corte Penal Internacional, se traduce en un apoyo a las personas requeridas, con lo cual los estados y sus gobiernos, debilitan la autoridad de la Corte como institución y contribuyen a la impunidad de los graves crímenes contra los derechos humanos, que termina por vulnerar el derecho de las víctimas a la justicia.

En su reciente visita a Ecuador, el presidente Chávez fustigó a la OEA y nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto se une a un comunicado de prensa del Embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton sobre el comunicado conjunto que la semana pasada emitieran los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la OEA respecto del caso de Globovisión, que constituyen otro coletazo más de las críticas que el gobierno formulara contra el pasado informe de la Comisión Interamericana.

Concretamente, el Presidente Chávez indicó: “una comisión sobre derechos humanos, que nos condena todos los años. Vamos a crear en Unasur nuestras comisiones sobre derechos humanos, movimientos sociales y medios. Ya basta que nos impongan todo del Norte y se burlen con el mayor cinismo”. Esas fueron sus palabras.

La CIDH es un organismo de la OEA cuya función principal es promover los derechos humanos y en función de ello recomendar a los gobiernos las medidas que debería adoptar para fortalecer el respeto de los derechos. Durante 50 años ha combatido las violaciones de derechos humanos en el hemisferio de los gobiernos del más variado signo ideológico.

Si las críticas se refieren a las observaciones negativas de la Comisión Interamericana sobre Venezuela basadas en la información recibida de ONG’s, la solución no debería ser debilitar las instancias de protección sino por el contrario permitir la visita de la Comisión para que pueda ver y corroborar por sus propios medios la información. Al debilitar el sistema interamericano de protección de protección de los Derechos Humanos, no pierden los gobiernos ni pierde la Comisión: quienes pierden son las personas. Los mecanismos internacionales de protección tienen sentido cuando han fallado los Estados en proteger internamente a las personas, de manera que no será creando instancias “a la medida” que se fortalecerán los derechos humanos.

La idea de que UNASUR pueda incorporar a su agenda los derechos humanos no debe ser despreciada, sin embargo ello no debería debilitar las instancias actuales sino más bien sumaría a favor de la protección de los derechos de las personas que habitan nuestros países. Como instancia de articulación regional, UNASUR podría tener una comisión o mecanismo de derechos humanos, siempre y cuando se garantice una protección técnica imparcial e independiente de las personas que viven en sus territorios integrantes. Del mismo modo, solamente una instancia técnica independiente e imparcial garantizaría a los estados partes de UNASUR que no existan dobles estándares a la hora de evaluar el comportamiento de los Estados.

La Asamblea Nacional aprobó la “Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital”. El centro de la polémica radica en la relación de esta figura y la Alcaldía Metropolitana de Caracas (AMC, pero llamada erróneamente Alcaldía Mayor) y en particular:

1. el destino de los recursos que recibía la AMC, los cuales con la nueva Ley serán administrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Capital y
2. las competencias de la AMC con relación al Distrito Capital.

Sin embargo, se deja de lado la discusión del ejercicio de la democracia y los derechos políticos al momento de elegir directamente a las autoridades regionales de Caracas. De acuerdo con uno de los principales voceros del oficialismo, el Alcalde Jorge Rodríguez, “exceptuando a los caraqueños, cualquier otro habitante, de cualquier otro de los 334 municipios que tiene el país, cuenta con su Gobierno Nacional –el Gobierno Revolucionario que preside Hugo Chávez– ; cuentan con su Gobierno Regional –el gobernador del estado– y cuentan con el alcalde de su Municipio”. (Ver Alcalde de Caracas: Ley del Distrito Capital hará justicia a caraqueños y caraqueñas de fecha Abril 8, 2009)

Creemos que hasta cierto punto tiene razón el Alcalde Rodríguez. Las leyes que rigen el asunto (Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Capital y la Ley especial sobre el Distrito Metropolitano de Caracas) como fue interpretado (12/12/2000) por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, indicaba que la Alcaldía Metropolitana tenía rango de gobierno Municipal y no de entidad federal (Estado). Igualmente, compartimos la idea que los artículos 16 y 18 de la Constitución, prevén legislación autónoma para el Distrito Capital, que le equipare con el resto de los estados de la Federación.

Sin embargo lo que no entendemos es ¿cómo se le hace justicia a las personas que habitan en Caracas, cuando se crea esta nueva figura: Jefe de Gobierno del Distrito Capital que es designado por el Presidente?

Si se le hace justicia a Caracas estableciendo su gobierno regional ¿por qué este gobierno no puede ser electivo? Como dispone la Constitución, (Art. 6) que el gobierno de la República y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

¿Cómo es revocable el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, si no es electivo? ¿A quién se les exigiría responsabilidad parlamentaria, a toda la Asamblea Nacional o sólo al grupo de parlamentarios del Distrito Capital? ¿Cómo ejercerá el órgano legislativo nacional la responsabilidad sobre el control fiscal distrital: interpelando al Contralor General o al funcionario que éste designe para ejercer la contraloría capitalina?

Para más señas, la Ley sobre el Distrito Capital priva al pueblo de Caracas de elegir a su poder ejecutivo regional, pues será designado por el Presidente, de un parlamento regional, pues esta función corresponderá a la Asamblea Nacional, tal como en el extinto Distrito Federal.

Es cierto, que la Constitución reserva al Poder Nacional el régimen del Distrito Capital, pero no es menos cierto que a renglón seguido (Art. 157 y 158) hay un mandato para promover una descentralización que profundice la democracia y acerque el poder al pueblo. Una autoridad designada se ve más lejos que una autoridad electa. Los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional establecían entre las razones de esta “designación” el hecho que Caracas es el asiento permanente del Poder Público Nacional; debido a los conflictos políticos que se derivan de esa situación de Capitalidad; y finalmente que en otras capitales del mundo se hace de ese modo.

Siguiendo tales razonamientos, las alcaldías de las capitales de estado deberían estar regentadas por delegados de los gobernadores y la legislación corresponder al Consejo Legislativo, con lo cual la participación y descentralización política basada en los derechos políticos electorales, queda desdibujada. Resulta paradójico, que los diputados oficialistas en la Asamblea Nacional que alzan la bandera de la democracia participativa: cierren una vía de participación y renieguen de los modelos de descentralización para algunas cosas, pero no para otras en la misma forma como se invoca el poder popular para la toma de algunas decisiones y se le despoje al pueblo de la posibilidad de elegir autoridades legislativas y de gobierno.

Así las cosas, los espacios que habían ganado, aún transitoriamente para los habitantes de Caracas en cuanto a la elección directa de sus autoridades ejecutivas y legislativas, a través de la Alcaldía y Cabildo Metropolitanos, constituyen con esta nueva Ley un retroceso a sus derechos como ciudadanos en minusvalía con respecto al resto de la población. Peor aún, este mecanismo de designación representa una práctica que fue desechada por la población en la fallida Reforma Constitucional de 2007 y que amenaza de nuevo con la anunciada reforma de la Ley de Ordenación del Territorio.

Demos alguna lectura la perspectiva de Derechos humanos y en particular del debido proceso a las recientes declaraciones ofrecidas por el Mayor General Jesús González González, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respecto al sometimiento a la justicia militar de las personas que puedan agredir a los funcionarios militares durante el próximo referendo de enmienda constitucional del 15 de febrero.

Es necesario recordar que conforme a la Constitución (Art. 261) “La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”. Correlativamente con ello, la garantía del debido proceso (Art. 49) impone que las personas acusadas de delito solamente podrán ser juzgadas por sus jueces naturales, es decir, aquellos que corresponde de conformidad con la Ley, principio que aparece recogido en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.

De esta forma, la competencia de los órganos judiciales militares debería estar limitada a las infracciones cometidas dentro del ámbito estrictamente castrense y por el personal militar en funciones. Así lo recoge el Principio 8 del proyecto de principios de las Naciones Unidas sobre la administración de justicia por los tribunales militares. Por lo que no es correcto asumir automáticamente que cuando aparece involucrado un funcionario militar, el asunto se deba ventilar ante la justicia militar.

En consecuencia, el enjuiciamiento de delitos comunes como los que podrían derivarse de las agresiones a militares durante la jornada electoral, corresponde a los tribunales penales ordinarios. Con lo cual, a menos que se trate de las ofensas, insubordinación o ultrajes producidos entre los mismos 140.000 funcionarios del Plan República que custodiarán los centros electorales, no habría la posibilidad para una intervención de la justicia militar en un caso civil.

Aunque la agresión verbal contra los funcionarios públicos no esté justificada, y allí incluimos a los militares, éstos deben estar conscientes que, derivado del ejercicio de una función pública durante el día de la elección, están naturalmente más expuestos al escrutinio y crítica del público, por lo cual deben tener un margen de tolerancia frente a la crítica mucho mayor de aquel que no ostenta funciones públicas.

Es probable que el Mayor General González González, consciente de la situación de los militares y la tensión del momento político, haya previsto la posible ocurrencia de estos “insultos, descalificaciones y vejaciones” como han sido denunciadas en los últimos procesos electorales. También resulta lógico que haya querido resguardar la seguridad de los funcionarios bajo su mando. Sin embargo, a nuestro juicio, no es la manera correcta.

Así como no hay justificación para agredir a quien cumple a cabalidad con la función de resguardo de los centros de votación, tampoco hay que tolerar el incumplimiento de las mismas bajo la amenaza de procesos ante la justicia militar. En todo caso, si estos hechos se produjeran, corresponde detener a la persona para ponerla a la orden del Ministerio Público y de los tribunales penales ordinarios por la ocurrencia del delito que corresponda, siempre con observancia de las garantías del debido proceso previstas en los tratados, Constitución y leyes que lo garantizan.

El derecho humano a la participación, como se consagra en los instrumentos de derechos humanos, incluye el derecho de acceso “en condiciones de igualdad a las funciones públicas”. En función de ello, se distinguen dos clases de funciones públicas: las técnico-profesionales o burocráticas y aquellos cargos a los que se accede electoralmente.

Tal división se traduce en un sistema de acceso al empleo público sin discriminación (Art. 21 y 145 constitucional) basado en concursos de méritos, al cual acceden las personas mejor calificadas para el desempeño de los cargos. Para los cargos “electos”, el parámetro de acceso es resultar triunfador en un proceso electoral.

Así las cosas, la Constitución establece que no debe haber discriminación para el acceso a la función pública. Sin embargo esa igualdad “formal” puede verse vacía si no se toman las medidas correctivas para hacer esa igualdad “real y efectiva”, como la propia Constitución reconoce (Art. 21.2) a través de medidas especiales para resolver las inequidades que existen en la realidad.

¿Cómo evitar que una persona movida por sentimientos de afinidad contrate a alguien conocido para un cargo para el cual no tiene las credenciales necesarias? Pues imponiendo la prohibición de contratar a personas que se encuentren en cierto grado de afinidad con la persona que contrata o estableciendo mecanismos burocráticos que mejoren los procesos de decisión que diluyen esa posibilidad. En la misma forma, la Constitución y las leyes deben velar por garantizar que la contienda electoral se lleve a cabo en condiciones de igualdad, de este modo se establece una serie de limitaciones o condiciones que buscan garantizar esa igualdad de condiciones.

Los funcionarios electos, son esencialmente representativos y esa representatividad deriva de su legitimidad electoral, esa es la razón que se trate de cargos de elección popular, pues materializan la voluntad popular que se manifiesta a través de votos, además de otros mecanismos de incidencia o participación que contribuyen a perfeccionar esa representación.

Sin menoscabo de lo anterior, los cargos electos son manifestaciones típicas de la democracia representativa perfeccionada por la vocación participativa de la Constitución de 1999. Ello impone que no se trata únicamente del sujeto de la decisión política (funcionario) sino de cómo se llega a esa decisión. Para esto la Constitución debe asegurar la igualdad de oportunidades en el proceso electoral, en consonancia con el principio fundamental y derechos humanos de igualdad y no discriminación, junto con las medidas especiales que deben tomarse para asegurar esa igualdad limitando a algunos grupos (por ejemplo las personas que ya han ejercido el cargo) o favoreciendo a otros como en el caso de mujeres o pueblos y comunidades indígenas.

¿Cómo garantizar esa igualdad de condiciones? La Constitución de 1961 optó por restringir el derecho de elección pasiva (derecho a competir en elecciones) estableciendo que la posibilidad de reelección era no consecutiva. Es decir, se ejercía la presidencia durante un período, y solamente se podía volver a competir pasados diez años (Art. 185). La Asamblea Constituyente de 1999 optó por otra vía para garantizar la igualdad de condiciones del proceso electoral estableciendo una sola reelección (Art. 230).

Al prohibir o condicionar a una persona (la que ejerce el cargo) se le limita o impide competir. En este caso la limitación de la reelección garantizaría:

1. La igualdad de condiciones en la contienda electoral;
2. Correlativamente, las oportunidades iguales para otras personas de acceder al cargo; consecuencialmente
3. La posibilidad real de alternatividad de personas en los cargos y
4. La pluralidad de ideas o políticos en la función de gobierno.

A esto se podría objetar en cargos de elección popular que es el pueblo quien decide, sin embargo la realidad impone otras consideraciones. Por un lado los procesos electorales no son sólo procesos de evaluación de gestión o comparación de programas de gobierno, son también procesos competitivos donde los aspirantes tienen derecho de hacer campaña para cambiar la opinión del electorado.

Las personas que optan por la reelección, en la gran mayoría de los casos resultan favorecidas y al mismo tiempo, quienes triunfan contra la reelección han reconocido que se trata de un proceso más engorroso, al que normalmente se añaden errores o desaciertos en la gestión de quien aspira a la reelección. Pero de nuevo no se trata de una regla matemática sino que como las limitaciones son un elemento más y accidental que contribuye a movilizar al electorado a votar en una forma u otra. Aunque no necesariamente el candidato reelecto resulta siempre victorioso, como ocurrió con las Gobernaciones de Miranda y Carabobo, sí se trata de situaciones preferenciales o al menos de mayor visibilidad que se traducen en una ventaja frente a los demás aspirantes para quienes la carrera se hace más difícil.

Además, la permanencia de la persona en el cargo en la práctica otorga más facilidades al candidato (y al partido) en el gobierno y aumenta las trabas a los candidatos opositores. Desde el uso preferente de la función pública como espacios para publicitarse en cuestiones tan sencillas como la inauguración de obras públicas hasta el uso abusivo del poder para perseguir la publicidad rival o procurarse beneficios al usar los recursos públicos.

En otros contextos, la posibilidad de implementar la reelección como modelo democrático, supone la existencia de otros mecanismos de control, como por ejemplo la existencia de autoridades electorales independientes con capacidad real de sancionar el uso ventajista de recursos públicos, la obligación de separarse temporalmente del cargo para realizar la campaña fuera de la investidura, crear mecanismos de fiscalización y vigilancia para la financiación de las candidaturas, etc. Sin embargo en países con democracias frágiles estas medidas no resultan necesariamente efectivas, al punto de frenar el favorecimiento electoral a correligionarios del mismo partido en el poder, sin importar el ámbito del que se trate como lo han demostrado los recientes eventos electorales en Venezuela.

Barack Obama: Presidente 44º de Estados Unidos

Con esta frase anunció su victoria, tal como las encuestas adelantaban. El hasta hace algunos meses desconocido senador Barack Obama ganó las elecciones en los Estados Unidos, después de derrotar y ganar el apoyo de la virtual favorita de hace unos meses Hillary Clinton. La propuesta que lo llevó a la victoria se basaba en la incapacidad del gobierno de proteger a sus ciudadanos aún frente al gobierno mismo, como ocurre con las medidas que han restringido los derechos humanos bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo o la crisis financiera. Hablando de esperanza y la necesidad de fortalecer la capacidades de las personas le permitió reconstruir un partido demócrata que ahora goza de mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Desde la guerra de secesión y la lucha por los derechos civiles, esta elección marca un hito en la historia política de Estados Unidos, sin embargo Barack Obama no ha llegado sobre una plataforma de odio racial o revanchismo. El nuevo presidente, es producto de la multiculturalidad hijo de un inmigrante africano y madre norteamericana, nacido en Hawai y criado en Indonesia, educado en prestigiosas universidades norteamericanas hasta convertirse en senador. La sociedad norteamericana ha dado una muestra de madurez, misma que manifestó el candidato Republicano Mc Caine al reconocer su derrota.

Uno de los temas centrales durante la campaña, la guerra en Irak fue desplazado por los problemas económicos, la necesidad de servicios de salud y el acceso a una educación de calidad para los niños en un mundo globalizado. La economía y la incapacidad del gobierno de prevenir la crisis financiera es otro de los elementos que adelantó la victoria del Senador Obama por lo que una de sus primeras tareas necesariamente será reestablecer la confianza en el sistema financiero norteamericano, cosa que incide directamente en las economías mundiales, ello no será fácil menos cuando se reclama el establecimiento de controles, coherentes, eficaces, transparentes e imparciales.

La agenda internacional y la relación con Latinoamérica

Desde el punto de vista internacional, uno de los primeros problemas será la Guerra en Afganistán e Irak y como realizar un retiro que garantice la seguridad de la población local así como la intervención en la economía en escala global. Por su propia historia personal se esperaría un acercamiento a África y el medio oriente, pero en general el nuevo presidente ha anunciado que hará un esfuerzo por renovar la imagen de Estados Unidos en el mundo, a lo que debemos añadir su anunciada intención de dialogar con países “enemigos”.

En Latinoamérica, la administración Bush había apostado fuertemente a Colombia y al mismo tiempo colocado algunos gobiernos en el denominado “eje del mal latinoamericano”. Así que Venezuela, Cuba y Bolivia seguramente seguirán siendo países problemáticos, mientras que México, Chile y Uruguay podrían ser países puntales en las nuevas relaciones. La expectativa de reestablecimiento de las libertades y derechos humanos restringidas en Estados Unidos podría tener un efecto favorable en Colombia donde en las últimas semanas a aumentado la beligerancia del presidente Uribe frente a las organizaciones de derechos humanos, sin que ello implique debilitar la lucha contra la violencia y el narcotráfico o un resurgimiento de los actores armados, situación que incide directamente sobre Venezuela tanto desde el punto de vista humanitario en cuanto a las personas en situación de refugio como desde el punto de vista de seguridad y defensa en cuanto a las personas que habitan la zona fronteriza. Seguramente el nuevo presidente incluirá el fortalecimiento de los lazos políticos y no solo el aspecto económico o militar como mantuvo la administración Bush.

Otros temas tendrán impacto sobre nosotros, como la guerra contra las drogas, la expansión de la influencia Rusa y China en el escenario mundial y en Venezuela en particular, así como la dependencia petrolera y el medioambiente. En este último aspecto durante la campaña, ambos candidatos coincidieron en la necesidad de buscar nuevas formas de energía más limpia, lo que necesariamente repercutirá en la relación comercial con Venezuela y los precios del petróleo.

“El cambio ha llegado a Estados Unidos” pero…¿Podrá cumplir las expectativas?

El reto para Barack Obama será cumplir con las expectativas. En su discursos de victoria anunció la llegada del cambio a los Estados Unidos sin embargo, como señalaba un editorial del New York Times la administración Bush todavía tiene 77 días en la Casa Blanca tiempo suficiente para enredar aún más las cosas como nos ha acostumbrado en estos últimos años.

Además de reparar los entuertos causados en estos años. La amplia mayoría de la que goza el partido demócrata en ambas cámaras, le permitirá hacer cambios, sin embargo en muchos temas específicos requerirá el concurso de los Republicanos, así como la fuerza de los grupos de interés y las expectativas creadas podrían dificultar sus acciones, así como frenar las tendencias populistas que han acotado algunos análisis, pero al mismo tiempo podrían resultar un llamado de prudencia ante cambios demasiado radicales.

Ilustración de Patrick Moberg
Vea portadas de diarios sobre la victoria de Barack Obama

El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet, ex dictador chileno se encontraba convaleciente de una operación de hernia, cuando es informado de su detención a solicitud de la justicia española en la investigación sobre los desaparecidos durante la dictadura chilena (1973-1990); para el momento de su detención en Londres, Pinochet era senador vitalicio (de acuerdo con la Constitución que él mismo dictó) y viajaba con un pasaporte diplomático del gobierno Chileno.

Las cuestiones centrales pueden resumirse como sigue:

1. La inmunidad concedida, por un país (Chile) en el caso de ciertos delitos de derecho internacional cometidos desde 1973.
2. ¿Cuál es el alcance de la jurisdicción universal sobre esos delitos y
3. Existe o no inmunidad para los jefes de Estado, con arreglo al derecho internacional, en el caso de ciertos delitos, entre ellos la tortura.

El caso Pinochet ilustra como ideas insertas en la conciencia universal desde 1945 con los juicios de Nüremberg a los altos jerarcas del régimen nazi, permanecían intactas y fueron actualizadas con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sobre el sometimiento a la justicia de los perpetradores de los crímenes más graves contra los derechos humanos.

El debate judicial en la Cámara de los Lores y los delitos de los que se le acusaba

Normalmente los delitos son perseguidos por los estados cuando hay una relación entre el delito y el estado que lo persigue, sin embargo bajo el principio denominado Jurisdicción Universal, ciertos delitos (la tortura entre ellos) pueden ser perseguidos y sancionados por todos los Estados, por cuanto ofenden a la humanidad en si misma.

Una primera sentencia rechaza la orden del juez Garzón aceptando el argumento de la inmunidad absoluta del Jefe de Estado extranjero, esta es apelada ante la Cámara de los Lores, la cual decide que se debe autorizar la extradición, pues considera que ciertos crímenes internacionales constituyen una excepción al principio de inmunidad de los jefes de estado. Esta decisión de la Cámara de los Lores es nuevamente apelada por la defensa de Pinochet, debido al vínculo de uno de los jueces con Amnistía Internacional, cuestionado la imparcialidad del tribunal, la denuncia es acordada favorablemente y se designa un nuevo Comité de la Cámara de los Lores para tomar la decisión definitiva. El segundo Comité de Lores decide que procede la extradición contra Pinochet por tortura y conspiración a partir de 1988, fecha en que entra en vigor la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

De acuerdo a principios del derecho internacional cualquier tribunal puede ejercer la jurisdicción universal sobre actos que representan crímenes de lesa humanidad, como son los actos generalizados y sistemáticos de asesinato, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, desplazamiento forzado y persecución por motivos políticos, y el derecho internacional no concede inmunidad a jefes de Estado ni a ex jefes de Estado por delitos estipulados en él, incluidos los crímenes de lesa humanidad y la tortura, en consecuencia Pinochet también era solicitado por otros países, por ejemplo, Suiza reclamaba en relación con una persona de nacionalidad chilena y suiza secuestrada en Argentina, por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena y “despareció” tras su traslado a Chile. Francia por el caso de ciudadanos franceses que “desaparecieron” o fueron víctimas de homicidio en Chile, igualmente Bélgica, Estados Unidos Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia todas bajo la premisa de la imposibilidad de investigación en Chile, debido al decreto 2191 (Ley de Amnistía) dictada por el propio gobierno de Pinochet con la finalidad de impedir el procesamiento de las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, cercenando el derecho los familiares de las víctimas a la justicia, verdad y reparación.

Al golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó en Chile el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende siguieron una serie de sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos dirigidas por el gobierno del general Pinochet. En 1975, Naciones Unidas reconoció la existencia de la práctica institucionalizada de la tortura, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron estas violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile o Comisión Rettig confirmó en 1991 que durante el gobierno de Augusto Pinochet fueron ejecutadas sin juicio previo a 1.068 personas y desaparecidas 957 personas. Más tarde la Comisión Valech estableció que durante la dictadura Chilena, fueron víctimas de prisión política y tortura 28.459 personas, que corresponden a 34.690 detenciones, de estas 1.244 eran menores de 18 años y de estas 176 eran menores de 13 años.

Finalmente el 11 de enero de 2000 El ministro del Interior británico anunció que vista la situación médica Pinochet no estaba en condiciones para ser juzgado, cerrando el capítulo de la extradición. Si bien el caso Pinochet no terminó con la extradición y condena del ex dictador, si fue el inicio de su caída: a su llegada a Chile le esperaban juicios por violaciones a derechos humanos y casos de corrupción, su desafuero como senador vitalicio que siguieron hasta después de su muerte el 10 de diciembre de 2006.

La respuesta institucional de la comunidad internacional

Ese mimo año, el 17 de julio, la conferencia de Roma había aprobado el tratado por el cual se establecía una Corte Penal Internacional (CPI). La Corte puede perseguir y enjuiciar a aquellas personas mayores de 18 años que hubiesen cometido alguno de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, cuando sean nacionales de uno de los estados parte del Estatuto, hayan sido cometidos en el territorio del un estado parte o en Estado que no siendo parte del Estatuto hayan aceptado la competencia de la Corte. La CPI es un tribunal internacional independiente y permanente que investiga y enjuicia los crímenes más graves de trascendencia internacional, en particular el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, su competencia es complementaria, con lo cual, solamente se activa cuando las autoridades nacionales con jurisdicción al respecto no están dispuestas a investigar y enjuiciar o no pueden realmente hacerlo.

La Fiscalía investiga actualmente cuatro situaciones (República Democrática del Congo, Uganda septentrional, Darfur, Sudán y República Centroafricana) así como denuncias de existencia de redes de apoyo internacional a grupos armados responsables de cometer en Colombia crímenes que pueden ser competencia de la Corte.

La lucha contra la impunidad como tarea permanente

La impunidad ha sido definida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los” De ello se desprende la necesidad que los Estados individualmente frente a los casos de violaciones a derechos humanos y colectivamente combatan los crímenes más atroces correlativamente con ello deben los Estados de abstenerse de levantar o mantener fueros de impunidad evitando el enjuiciamiento de los responsables. La lucha contra la impunidad se ha anotado otros logros como los tribunales Internacionales o para Ruanda (1994) ex Yugoslavia (1996) o Sierra Leona; la extradición de militares argentinos a España (2000). Igualmente las jurisdicciones nacionales deben hacer lo propio como reparación y justicia para las víctimas derogando leyes de amnistía e investigando los crímenes del pasado. En Argentina, por ejemplo hay 235 causas abiertas que incluyen casos emblemáticos de terrorismo de Estado entre 1976 y 1983; o la detención y extradición del ex presidente Alberto Fujimori (2007) y su juicio en Perú10 por delitos graves contra los derechos humanos.

Desde 1945 se inició una larga carrera por ir cerrando el círculo a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos para quienes el mundo donde pueden disfrutar de impunidad se reduce cada vez más.

Fotografías en este texto:
1. Pinochet
2. Augusto Pinochet
3. Los 119. Gerardo Chinchorro
4. Estamos vivos, viejo culiao. DesertMonsterBell

Vea las fotos de Marcelo Montesinos alrededor del golpe de Estado en Chile en 1973

El 13 de julio de 2001, el Comité Olímpico Internacional designó a Pekín (China) sede de los Juegos Olímpicos de 2008. Wang Wei, secretario general del Comité para la Candidatura de Pekín a las Olimpiadas de 2008, declaró: “Tenemos plena confianza en que la celebración de los Juegos Olímpicos de 2008 en China no sólo promoverá nuestra economía, sino que también mejorará […] los derechos humanos.” Un poco más tarde Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, afirmó que “Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos, contribuirán ustedes al desarrollo de los derechos humanos”. En marzo de 2004, una reforma constitucional incluyó una cláusula según la cual “el Estado respeta y protege los derechos humanos”.

Sin embargo, esto parece no haber sido logrado, en Pekín y sus alrededores, las autoridades chinas han silenciado y encarcelado a activistas de derechos humanos pacíficos en la “limpieza” previa a los Juegos Olímpicos. En Tíbet y zonas circundantes, la represión policial y militar de los manifestantes ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos en los últimos días y durante el recorrido de la antorcha olímpica también ha sido víctima del estrito control de los medios de comunicación.

Amnistía Internacional ha manifestado en su informe “cuenta atrás para los Juegos Olímpicos” del 01 de abril de 2008 su preocupación sobre cuatro ámbitos clave para los derechos humanos de especial importancia en el contexto chino. La situación de activistas de derechos humanos, la detención sin juicios justos, la libertad de expresión y la aplicación de la pena de muerte.

La represión de activistas y defensores de derechos humanos

“La represión de activistas ha aumentado, no disminuido, a causa de los Juegos”, ha dicho Irene Khan, Secretaria general de Amnistía Internacional. (1 abril 2008)

Antes y durante los Juegos Olímpicos, los activistas de derechos humanos corren en China un riesgo elevado de sufrir abusos, varios activistas han sido objeto de vigilancia y hostigamiento crecientes, mientras en todo el país aumentan los abusos contra estas personas y sus familiares. Especialmente grave resultan las denuncias sobre activistas de derechos humanos encarcelados por juicios motivados políticamente, gracias a disposiciones previstas en el Código Penal chino que son usadas para suprimir la disidencia y la practica de actividades legítimas son condenados gracias figuras vagamente definidas el “separatismo”, “subversión”, “perturbación del orden público” y “filtración de secretos de Estado”

La detención sin juicio justos

Según Amnistía Internacional, en mayo de 2006, “Pekín amplió el uso de una forma de detención sin juicio denominada “reeducación por el trabajo”, para “limpiar” la imagen de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos. Utilizado desde mediados de los años 50, el sistema persigue a personas que han cometido delitos leves pero que no se consideran legalmente delincuentes. Se les obliga a trabajar durante largas jornadas, de un modo similar al trabajo obligatorio en las prisiones.”

Este mecanismos permite que las personas estén detenidas hasta tres años por cometer infracciones tales como propaganda ilegal, conducción de taxis sin licencia, actividad comercial no autorizada, vagabundeo y mendicidad, este tipo de detenciones administrativas vulnera el derecho a un juicio justo con las debidas garantías protegido por los tratados sobre derechos humanos así como la prohibición de trabajo forzoso

Libertad de expresión y censura

El gobierno chino prometió a no imponer “ninguna restricción a la labor informativa de los medios de comunicación y a la circulación de periodistas con anterioridad ni durante los Juegos Olímpicos”. Sin embargo, existe un estricto control sobre periodistas, periódicos y sitios web y que ha motivado que el país haya sido calificado como “el mayor carcelero de periodistas del mundo”, que contrasta con la mayor libertad que gozarán los periodistas extranjeros para realizar entrevistas hasta octubre de 2008.

Especialmente grave resulta la censura de sitios web, blogs y correos electrónicos, según información de Amnistía Internacional el “Escudo Dorado” o “Gran Cortafuegos de China”, sistema operado por una fuerza policial compuesta por unos 30.000 agentes, es el sistema de filtrado en Internet más amplio, de mayor alcance y más sofisticado tecnológicamente de todo el mundo.

Pena de muerte

Si bien la pena de muerte no está proscrita internacionalmente, el mundo camina hacia su abolición, pero China encabeza la lista de los países que todavía la utilizan en cerca de 68 delitos como fraude fiscal, malversación, aceptación de sobornos y algunos delitos relacionados con drogas.

El estado chino ha informado oficialmente que se redujeron significativamente las condenas a muerte y las ejecuciones, debido a la reintroducción de la revisión por el Tribunal Supremo Popular, pero la única forma de verificar dicha información es con la publicación de estadísticas nacionales sobre aplicación de la pena de muerte garantizando la transparencia y el acceso a la información y la reducción de los delitos en los que puede ser aplicada.

En Agosto el mundo verá los juegos, antes durante y después veremos si las reformas han sido reales y la situación de derechos humanos mejora. Lejos del debate de atacar o sabotear la realización los juegos olímpicos, o que se trate de una campaña en contra del gobierno, las manifestaciones deben dirigirse a requerir al gobierno Chino, honre los compromisos que hicieron sus autoridades al promover la candidatura y demuestre que no fueron promesas vacías.

El 24 de septiembre celebramos a la Virgen de las Mercedes, la patrona de las personas encarceladas porque era costumbre, hasta la llegada del presidente Chávez, indultar a un grupo de presos llegada esta fecha. Las elevadas cifras de violencia carcelaria y los datos sobre violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, presentados hace poco (29/08/2007) por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dan cuenta de la falta de medidas humanitarias de este tipo.

La investigación del OVP, bajo la premisa de que estar privado de libertad no significa renunciar a la dignidad humana, el informe detalla la alarmante situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad o sometidas a procesos penales. Siendo la violencia una de los principales situaciones de preocupación, los reportes del OVP dan cuenta que sólo de enero a julio de este año van 412 reclusos fallecidos y 728 heridos.

El estudio se pronuncia sobre la situación de los derechos a la no discriminación; la libertad de religión y culto; la libertad personal; la libertad de expresión, opinión e información; la igualdad ante la ley; el derecho al debido proceso, a las garantías judiciales y a la educación, la cultura, el deporte, el trabajo y la salud, resultando la dignidad y seguridad personal como los más vulnerados a las personas privadas de libertad. El 72,9% de las personas entrevistadas reportan arbitrariedades y vejaciones y otro tanto, el 68,2% en cuanto a las garantías que existen teóricamente pero que quedan en papel especialmente en cuanto a servicios sanitarios, alimentación, infraestructura y aseo personal.

En la investigación, el OVP realizó una serie de focus group en seis regiones del país, uno de ellos con reclusos en Caracas, mientras que no se pudo obtener respuestas de los directores de las cárceles. De los consultados, 64% coincide en que la alimentación que suministran en los penales es inadecuada. Sobre esto Humberto Prado, director del OVP, refirió que “Lo más preocupante es el suministro de agua potable, sobre el cual 94,1% afirmó que este servicio no lo tienen los reclusos”.

Cabe destacar que desde que asumió la presidencia, el presidente Chávez no ha otorgado ninguna gracia presidencial, a pesar que durante estos nueve años, el marco jurídico apenas ha cambiado, el indulto sigue siendo una facultad prevista constitucionalmente, y en la dirección de custodia se reciben como se evidencia de las memoria y cuentas del propio Ministerio, de hasta hace poco Interior y Justicia, solicitudes de indulto.
Así las cosas, el Ejecutivo ha dejado de lado una práctica humanitaria, que al mismo tiempo redunda en una medida que podría ayudar a reducir los índices de violencia en los recintos penitenciarios, por cuanto la posibilidad del indulto servía de aliciente a la buena conducta de las personas privadas de libertad.

Los recientes indultos otorgados a los implicados en el caso de los presuntos paramilitares colombianos, demostraron que sí se puede, lo que parece faltar es la acción coherente y coordinada del equipo gobierno o al menos el buen tino de tomar las medidas correctas.

Web del OVP

El pasado sábado 2 de junio, el chavismo salió a la calle para y el novel Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se estrenase en un acto de apoyo a la medida de “no renovación de la concesión a RCTV” en la señal del 2 y en apoyo a la televisora venezolana social ”TVeS” que ahora sale por el 2.

Después de las protestas estudiantiles que siguieron al cierre (o no renovación de la concesión según el gusto) nos llamó la atención no ver en la calle a la militancia del gobierno celebrando la medida, ello probablemente responsada a la pregunta del por qué las arengas del 29 de mayo en la Asamblea Nacional y del propio Presidente llamando a los suyos.

Algunas iniciativas en Caracas dejaban mucho que desear especialmente si se considera que la última votación solo en la ciudad de Caracas (municipio Libertador) la tarjeta del MVR obtuvo 658.487 votos (www.cne.gov.ve) las actividades de calle de los días 28 y 30 de mayo (como el que aparece reflejado en la fotografía) y 01 de junio no reflejan precisamente esa cantidad. Los que sí salieron a la calle y no sólo dejaron escuchar su voz (sino sus imágenes de protesta) en las cercanías de Globovisión, las adyacencias de la UCV y la fachada de FEDECAMARAS y tampoco reflejan esa votación. Una pregunta sería: ¿dónde están? porque no estaban celebrando, ni tampoco es representativo de los grupos que sí salieron a defender el cierre.

Coincidencialmente llegó el día 2 de junio y la marea roja sí salió la gente a la calle, pero veamos quiénes están en esa marea roja. No nos ocuparemos del discurso presidencial de ese día sino del fenómeno de la marcha y concentración y las observaciones que hicimos en vivo y en directo sin que mediara el lente tergiversados de RCTV o algún otro agente del imperio.

La pre-militancia del PSUV: es decir aquellos que se han inscrito como aspirantes al nuevo partido unido con sus banderas y algunas pocas de la otrora coalición gubernamental, el rojo era esencialmente producto de el uniforme que portaban los asistentes. La gran mayoría de los asistentes iba ataviado con franelas institucionales, es decir, identificadas con oficinas o dependencias gubernamentales tanto del poder público nacional como de las gobernaciones y alcaldías afectas al gobierno.

De allí la primera observación: si la mayoría de esa gente es aspirante del PSUV, y era gente que trabaja en el gobierno quiere decir que la militancia del PSUV estaría en gran medida formada por funcionarios públicos, (si es inscripción libre o no, si es para conservar el empleo o para llegar a tenerlo algún día es otra discusión). Durante el camino, varias personas se alejaban de la marcha y se quitaban las franelas institucionales para volver a su vida normal fuera de la polarización sin importar cual fuese su real inclinación política.

Al llegar a la Avenida Bolívar, punto de concentración final de la marcha, la teatralidad hizo gala a las cuatro de la tarde. Las tarimas callaron para dar paso al “toque de diana” que sirvió de fondo para la llegada el Presidente rodando hacia la tarima principal. Otra observación interesante: si la Avenida Bolívar estaba llena ¿cómo pudo llegar el presidente rodando tan fácilmente y recorrer toda la avenida hasta la tarima?

A la llegada presidencial, algunas voces entre la multitud invitaban a los asistentes que bebían cerveza a que debían guardarlas porque “al Presidente no le gustaba vernos bebiendo…después que pase la puede sacar otra vez”.

No sé exactamente que es lo que molesta al Presidente Chávez ¿si ver a la gente bebiendo o si ver a la gente bebiendo la mercancía de las empresas polar? Sea cual sea la razón, ello demostración la doble moral o la imposición de una moral revolucionaria reñida con la forma de ser del venezolano.

Otro elemento fue particularmente llamativo, en la tercera tarima (contada desde la tarima principal, frente al Museo Carlos Cruz Diez) una gran pancarta que indicaba “Ahora la Libertad de expresión es de todas y todos Venezuela una sola voz antiimperialista” que nos merece especial comentario, en primer lugar la contradicción que supone hablar de libertad de expresión y decir “una sola voz” cuando es de suyo a la libertad de expresión la pluralidad. Al final solo nos quedan preguntas: si la libertad de expresión es de todas y todos, ¿porque un sector de la población no se puede expresar? ¿el representado por RCTV o los estudiantes que se manifiestan a favor de la libertad de expresión? ¿es que ese “todas y todos” no incluye a la parte del país que se siente expresado a través de RCTV? ¿es decir que ese “todas y todas” son todas y todos los revolucionarios?

¿Será entonces que por estar bebiendo cerveza  (contrario a las recomendaciones presidenciales) no se percatan de semejante contradicción?

Germán Mundaraín, el Defensor del Pueblo, trató de convencernos de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no puede pedir información sobre las personas detenidas por manifestar durante las protestas que siguieron al cierre de RCTV. Sugerimos la lectura del Art. 106 de la Carta de la OEA, que establece que la Comisión tiene como “función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”.

Para la ejecución de ese mandato, la Comisión conforme a su estatuto (Art. 18), aprobado por los mismos Estados que integran la OEA, podrá “solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre la medidas que adopten en materia de derechos humanos”.

De manera que resulta errada la apreciación de la Defensoría del Pueblo en cuanto que estas solicitudes de información deben estar vinculadas con la admisión de una petición concreta. Es errada además porque la CIDH puede requerir información sobre medidas cautelares, posibilidad frente a la cual, como se trata de la amenaza a un derecho protegido por la Convención Americana, no resultan exigibles los requisitos de previo agotamiento de los recursos internos.

Considerar que la solicitud de información, que es una forma típica de actuar de cualquier órgano internacional de protección de los derechos humanos, y las eventuales medidas que se puedan tomar, en ninguna forma constituyen una interferencia porque ellas constituyen un recordatorio al Estado de sus obligaciones. Luego, las medidas adoptadas lo que van dirigidas es a reforzar las responsabilidades del Estado en materia de protección de derechos humanos, precisamente dado su carácter coadyuvante o subsidiario. La acción de la defensoría en este caso en lugar de contribuir al diálogo y a fortalecer el respeto de los derechos humanos, ha contribuido a debilitarlos.

Peor aún es la consideración de que la entrega de información supone “toda vez que ello afectaría los principios de confidencialidad y de presunción de inocencia que protegen a los adolescentes” (Oficio DP/G-07-00226, de fecha 06 de junio de 2007 del Defensor del Pueblo).

Al respecto hay que observar que los tratados sobre derechos humanos (entre ellos los citados) son de aplicación preferente sobre la Constitución, que lo que pretende la defensoría con un claro desconocimiento del Sistema Interamericano es desconocer a la CIDH en el ejercicio de sus funciones propias, cuya autoridad que no es producto de un capricho sino de un acto de soberanía del propio estado venezolano al suscribir los tratados de derechos humanos.

Nos parece un despropósito valerse del interés superior del niño, niña y adolescente, o del respeto a los derechos a la intimidad, honor y reputación para actuar como mampara del incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, cuando otras instancias gubernamentales internas dan cuenta libremente de esa misma información sin ningún pronunciamiento de la Defensoría.

El presidente Chávez decidió responder a la demanda que introdujo la Comisión Interamericana contra el Estado venezolano por violación a los derechos humanos, a la cual mandó a “lavar ese paltó”. El Presidente apela al insulto y la descalificación de la CIDH, como lo hacen sus acólitos en la Asamblea Nacional, vinculándola al golpe de Estado de abril de 2002. Ello no debe resultar novedoso considerando la verborrea presidencial y en especial su predilección por el insulto y la descalificación, recuérdese el episodio del “insulso doctor Insulza” o cuando llamó al secretario de la CIDH “cantón de mentiras”. (Juramentación del gabinete 08/01/07 y Aló presidente #169 del 26/10/03)

Sin embargo, de esta nueva andanada presidencial parece interesante ver el “paltó” de la Comisión en cuanto tema particular. Primero habría que recordar al Presidente que la CIDH en sus comunicados de prensa de abril, “lamentó constatar que durante los días 12 y 13 de abril se produjeron detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos; deploró la destitución de las más altas autoridades de todos los poderes públicos; y advirtió que dichos hechos configurarían los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática.” (Comunicado de prensa 15/02 de fecha 15 de abril de 2002) Mas aún, al término de su visita a Venezuela en mayo de 2002, “(…) la Comisión condenó las muertes y los hechos de violencia, repudió el golpe de Estado.” Lo que resulta aún más paradójico es que durante la misma visita en una reunión con el propio presidente Chávez, éste “agradeció las acciones de la Comisión.” (Comunicado de prensa 23/02 del 10 de mayo de 2002)

La descalificación presidencial refleja, visto lo anterior, la poca memoria presidencial o memoria o interpretación selectiva de la CIDH cuando sus pronunciamientos resultan favorables y sus repudio cuando no van en sintonía con la opinión presidencial, ello revela una cierta reversión de la historia para acomodarla a los intereses del momento. En lugar de descalificar a la CIDH, debemos recordar que la posibilidad de que a un Estado se le demande en un sistema de protección de derechos humanos no es una arbitrariedad, ni un capricho, menos aún el ejercicio de los mecanismos para la protección de derechos humanos interpretados como insulto, agresión o injerencia, especialmente cuando esos mismos mecanismos han sido aceptados por el propio Estado.

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