Sic Semanal - Centro Gumilla

Alejandro Carvajal Guzmán*

Con el título de una novela escrita por Osvaldo Soriano podemos iniciar una interpretación de lo que ocurre en Bolivia. La lectura que se pretende realizar pasa por una aproximación corta a los últimos 60 años de la historia boliviana. Ello para comprender el punto en el cual se encuentra el proceso político nacional vinculado directamente al referéndum del pasado 4 de mayo y cómo su resultado aprobatorio tiene una negociación pendiente con el proceso constitucional.

La década pasada dejó evidencias de que el sistema representativo había quedado corto frente a las diversas identidades culturales que cohabitan nuestro territorio. Y es que en 1990 la marcha de los pueblos indígenas del oriente boliviano iniciaban un nuevo ciclo que enfrentaba el rostro del otro distinto frente al imaginario occidental que había priorizado el proceso nacionalizador de la reforma de 1952.
La revolución agraria y las reformas nacionalistas de la mitad del siglo XX pretendían imponer el paradigma del mestizaje social a través de la formación de clases sociales (mineros, campesinos, obreros, etc.) desde una identificación basada en la forma de participación económica. Dicho paradigma intentaba convertir al indígena en campesino y dotaba de amplio poder a los sectores mineros para contribuir a la defensa de las reformas. Luego sucedio una seguidilla de golpes de Estado, todos ellos en la línea de los gobiernos militares de América Latina. El retorno de la democracia marcó una cultura democrática que difícilmente sería resquebrajada. En este contexto de ampliación de la democracia se han dado importantes procesos:

el primero, la descentralización administrativa que municipalizó el país haciendo que cada ciudadano tenga la posibilidad de una participación real en la planificación y control de los recursos y gastos realizados en sus municipios;

el segundo, el reconocimiento de los territorios indígenas, cuya legislación ha posibilitado el reconocimiento de prácticas culturales ancestrales que deben ser reconocidas política y socialmente;

finalmente, sin ser el último proceso, se ha impuesto la ampliación de los canales de representación política, dentro del sistema electoral democrático, ha derivado en el reconocimiento y legitimación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, disolviendo de esta manera el monopolio de los partidos políticos

Aunque aparentemente nuestro país es muy conflictivo, podemos decir que si se revisa la historia desde el retorno de la democracia -1982-, las convulsiones sociales siempre se han manejado dentro del respeto constitucional. Es por ello que las tres salidas presidenciales obligadas durante los años 2002 – 2005, se han realizado siguiendo la línea estricta de la sucesión constitucional.
Ese respeto constitucional también ha sido parte del debate, haciendo que las acciones de los actores sean cuestionadas bajo una mirada legal. Ambos frentes aprovecharon el descabezamiento del Tribunal Constitucional (instancia dirimitoria que permitía en el pasado dilucidar las posibles interpretaciones o avasallamientos a las leyes vigentes), y esta falencia permitió a unos la aprobación del proyecto de constitución y a otros la convocatoria a referéndum aprobatorio sobre sus estatutos.

Es desde este contexto que se intentará explicar la actual “crisis” boliviana, recalcando que “crisis” está entrecomillada debido a las lecturas apocalípticas que nos quiere encajar nuestra dirigencia política, a través de los medios de comunicación. Y es que la palabra “crisis” también puede ser utilizada de forma que los cambios de cualquier tipo se vean inadecuados, la palabra sirve entonces para generar el miedo colectivo de la desintegración.

En Bolivia es muy común hablar políticamente en el sentido de encontrarnos al borde del abismo, desde este rumor colectivo cualquier suceso importante parece ser un paso hacia el vacío. La visión inmediatista de la política, directamente relacionada a los cambios coyunturales repentinos, realiza una suerte de acto mágico en el cual los problemas del país tienen una solución simple: Apuestas que otorgan la esperanza total hacia la aprobación del proyecto de constitución o la legalización de los estatutos autonómicos por la victoria del sí en un referéndum por demás particular.

El objetivo principal para la emergencia del discurso autonómico se encuentra en dos temas primordiales: la tierra y los recursos naturales. Por un lado, el tema de la tierra es legislado tanto por el proyecto de constitución como por el estatuto autonómico. El proyecto de constitución delimita el concepto de latifundio de acuerdo a la dimensión espacial de las tierras, mientras que en el estatuto autonómico se plantea la potestad para la distribución de la tierra como competencia autonómica.

Por otro lado, se encuentra el tema de los recursos naturales tales como los hidrocarburos y la consiguiente propiedad y distribución de los beneficios de su explotación.

Es necesario recordar que el conflicto autonómico vuelve a la palestra con fuerza, el momento en que el Gobierno de Evo Morales, octubre 2007, recorta los recursos de las prefecturas departamentales obtenidos a través de impuesto directo a los hidrocarburos –IDH-, dichos recursos fueron a cubrir el Bono Dignidad que se otorga a los adultos mayores de 65 años una vez al año.

La respuesta de los departamentos sigue la lógica económica en la creación del callejón sin salida impuesto a Carlos Mesa el 2005, cuando éste decretó la subida del diesel alegando que el presupuesto general de la nación era insostenible mientras se continúen con los subsidios, imponiendo en la agenda política el primer referendo autonómico nacional en el cual todos los departamentos debían decidir su adscripción a la forma de gobierno autonómica departamental o no.

Este tipo de medidas económicas alentó a la dirigencia cívica de los departamentos, aquellos departamentos que votaron por el sí en el referéndum autonómico del 2005, a embanderar el centralismo como un perjuicio hacia las regiones. Avalados en dichas denuncias se reactivó con fuerza la denuncia hacia la no vinculación obligatoria de las autonomías departamentales dentro del proyecto de constitución, fruto de ello llegamos a donde estamos.

Además de la aprobación del proyecto de constitución en diciembre de 2007, el recorte del IDH en los presupuestos departamentales fue el principal escollo ineludible en el momento del diálogo entre las autoridades departamentales y el gobierno central. Muy tarde fue cuando el gobierno quiso negociar el tema del recorte, para ese instante los discursos se habían acalorado. Es en estos meses los grupos cívico regionales apresuraron la redacción de sus estatutos autonómicos para que sean aprobados en lapsos de tiempo cortos, tiempos que enfrentaron también al presidente de la corte nacional electoral con el presidente de la corte departamental de Santa Cruz, cuando el primero rechazó cualquier tipo de convocatoria hasta que se construyeran acuerdos mínimos entre los sectores y además se pensaran en plazos factibles para la realización de referendos alegando imposibilidades técnicas para su realización.

El primer departamento en redactar su estatuto fue Santa Cruz, siguiendo la característica de liderazgo del llamado Bloque de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). La aprobación de los estatutos autonómicos y la consiguiente convocatoria tienen dos ejes discursivos manejados por los contendientes: el primero es la unidad del país y el rumor de la corriente separatista, mientras que el segundo es la legalidad o ilegalidad de la convocatoria. Sobre el último ya se habló, sobre el primero cabe decir que dicha idea ha sido manipulada por ambos sectores, el gobierno alegando que los estatutos y su aprobación desintegrarían a Bolivia, en tanto que los líderes cívicos manifestando que las autonomías departamentales serían la única salida oportuna para la conservación de la unidad del país.

En el reverso de la moneda, el proyecto de constitución legisla cuatro tipos de autonomías: departamental, regional, indígena y municipal. Dicha división en los estratos o niveles de gobierno pretende hacer que el poder “centralista” de los líderes regionales afincados en las ciudades capitales sea aminorado por las competencias otorgadas a los demás niveles. Y es que detrás del proyecto también existe una corriente no menos importante, los pueblos indígenas originarios campesinos –como los designa el proyecto de constitución- han sido parte preponderante en el proceso constituyente que ha vivido el país.

La mención a los movimientos sociales es ineludible por su interpelación el sistema imperante. El actual presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo el poder gracias al apoyo de estos sectores además de su tradicional base, los colonizadores del Chapare. El acceso a la presidencia también fue posible debido al desgaste de los partidos tradicionales que habían gobernado el país desde el retorno de la democracia.

El triunfo de Evo Morales hizo necesaria la rearticulación de la derecha, el surgimiento de la oposición a un gobierno que parecía avasallar con su 54% se visualizó cuando los líderes cívico regionales supieron agendar temas como la defensa de los dos tercios en las decisiones de la Asamblea Constituyente. Pasado el largo trance en la negociación de esta traba, surgió un nuevo tema: la capitalidad plena -en Bolivia la Capital es Sucre y la Sede de los poderes legislativo y ejecutivo se encuentra en La Paz-, el tema impuesto por algunas de las comisiones de la Asamblea tocó profundamente las venas regionales que reivindicaban el retorno de los poderes, alrededor de estos sentimentalismos Chuquisaca con su capital Sucre también ingreso en la demanda autonómica departamental, mientras que Cochabamba vive conflictos internos en torno al mismo tema.

¿Qué pasó y qué pasará después del 4 de mayo? Pues pasó que los estatutos adquirieron la legitimidad necesaria para su negociación posterior. Lejos de los designios agoreros de muerte y desmembración aquí estamos, como se dice en Bolivia, vivitos y coleando.

Los estatutos hábilmente publicitados no fueron reflexionados por una población que desconocía su contenido y apostaba desde una fe a ciegas a su dirigencia. Y es que esto es prioritario reconocer, lejos de aquellos discursos que calificaban a este movimiento como oligarca, la dirigencia cruceña supo hacer que una parte importante de su población 85%, sin olvidar una abstención del 39%, aprobara sus intenciones. Dicho resultado le otorga a este movimiento mayor poder en la negociación para la legalización de las autonomías.

Por la forma en que se realizó el referéndum y el actual proceso constituyente, no es posible imaginar que las autonomías sean establecidas de facto. En este sentido el diálogo entre el gobierno y los movimientos cívico regionales, ya no sólo el de Santa Cruz porque en un futuro muy cercano existen tres departamentos que irán a las urnas para aceptar o rechazar sus estatutos, tendrá que compatibilizar las competencias y atribuciones de las autonomías departamentales con los otros niveles que menciona el proyecto de constitución.

Lo que quiere decir que las fuerzas en tensión, con sus correspondientes intereses, seguirán luchando en la arena política. El resultado de esta tensión, se quiera o no se quiera, modificará el actual orden de las cosas. Si bien se tendrá que respetar las autonomías departamentales, también las reivindicaciones de los pueblos indígenas no serán aplanadas; tanto los que se consideran mestizos como los que se consideran indígenas, dentro de sus ciudades, departamentos o territorios indígenas, modificarán sus relaciones socio-políticas y necesariamente se aclararán y delimitarán los temas de la tierra y la distribución de los beneficios de las riquezas naturales.

Actualmente nos encontramos en lo que analistas políticos y sociales han denominado como el empate catastrófico, en un campo en el que se pretende obtener, a través de la estrategia política, la hegemonía del poder. El referendo y su resultado han otorgado la legitimidad necesaria para hacer que este empate obligue la negociación, ámbito en el cual las propuestas de organización político-administrativa con las consiguientes competencias y atribuciones de los niveles autonómicos tendrán que llevar a unos acuerdos mínimos que sostengan ambas visiones de país –la departamental y la indígena-.

Lo dicho nos lleva a afirmar que el proceso de cambio y transformación del Estado tiene todavía camino por recorrer y la desintegración del territorio es un mero discurso, pero el resultado es ineludible: la forma en que se organiza, administra y ordena el Estado actualmente vigente en la Constitución Política de Bolivia una sombra ya pronto será.

* Alejandro Carvajal Guzmán: Realizó sus estudios en Filosofía y Letras, es miembro del Consejo Editorial de la Revista Cuarto Intermedio y actual coordinador del Área de Formación del Centro Cuarto Intermedio.

Foto de Evo Morales: Alain Bachelier.