Laurence Quijada
El reciente conflicto entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, constituye una muestra evidente de lo debilitado de nuestro Estado de Derecho. Todos contribuyeron de una forma u otra a difuminar los límites de las atribuciones, los poderes y sus responsabilidades. En la confusión de las sombras, cada quien sigue haciendo un poco más de lo mismo. Cada quien, prescindiendo de las disposiciones constitucionales y legales, hace lo que inventa y se le ocurre. Lo que está en crisis, como lo expresaba una ex magistrada, es la división de los poderes.
Si bien es cierto que la Sala Constitucional tiene, por mandato constitucional, la facultad de interpretar las normas contenidas en la Carta Magna, no es menos cierto que se practica la interpretación más libérrima, con completo abandono a los antojos de quienes integran este órgano. De igual forma el ejercicio de la función legislativa por parte de la Asamblea Nacional, como actor que no conoce su papel, produjo la orden de desacato a una decisión dictada por un órgano jurisdiccional del Estado. Si el fin último de legislar y ordenar en un país es garantizar la convivencia social, satisfacer intereses colectivos en el marco del respeto a la dignidad humana y al respeto a los derechos humanos en general, todos esperamos que en algún momento se disipe la niebla “creadora” y se puedan ver resultados, para no seguir andando entre sombras y secretos.
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