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Archivar como 8/03/07

Arturo Peraza s.j.*

La actuación que el agente del Estado venezolano, Germán Saltrón, ha tenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido lamentable. Su forma de responder a los múltiples señalamientos de las ONG’s de derechos humanos sobre la situación en Venezuela no ha sido la propia de un Estado interesado en salvaguardar los derechos de sus ciudadanos, sino la de quien se defiende atacando al juez y desviando la atención.
Uno se pregunta si el problema es la CIDH y su imparcialidad, o los 412 muertos en las cárceles venezolanas durante el 2006, las agresiones contra defensores de derechos humanos, el problema de los grupos parapoliciales, el problema de seguridad de los ciudadanos, el problema de la independencia del Poder Judicial, el problema del respeto a la autonomía de las organizaciones civiles y en particular de las ONG’s de Derechos Humanos, el problema del respeto a la libertad de expresión, entre otros.

La Constitución es clara cuando establece que los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional e incluso supra constitucional. Éstos no sólo incluyen sus enunciados, sino sus mecanismos de protección. De hecho el artículo 31 de la Constitución establece el derecho de todo ciudadano de acudir a los órganos de protección internacional de derechos humanos y la obligación del Estado de acatar y ejecutar las decisiones de esos órganos. Mal ejemplo da el agente del Estado atacando a los organismos que más bien debería respetar.

Quisiéramos invitar al Estado a asumir su responsabilidad en la promoción y defensa de los derechos de todos los ciudadanos y a mostrar algo de voluntad política en esa dirección, en vez de atacar a los órganos de protección a los derechos humanos establecidos en el sistema interamericano. En esa dirección debería Venezuela invitar a la CIDH a realizar una visita a nuestro país para que ella pueda constatar en directo las situaciones y pueda elaborar sugerencias que ayuden al Estado en esta grave e importante materia, que como dice la Constitución es su fin fundamental.

*Director de la Revista SIC

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Denuncias sin respuesta

Eduardo Soto Parra

Sigue siendo noticia el Alto Apure al convocarse para este 15 de marzo una marcha en contra de la impunidad. Allí se conmemorará el aniversario del asesinato del joven Daniel Neira “presuntamente” por efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales asentados en la Parroquia San Camilo de El Nula sin que hasta la fecha se haya hecho justicia, castigado a los culpables e indemnizado a las víctimas.
Ante esta situación sorprende la escasez y timidez de las declaraciones de los funcionarios encargados de garantizar, tanto la seguridad, como el respeto y protección de los Derechos Humanos de los habitantes de ese estado del país, siendo la excepción la voz del Párroco de El Nula, y Vicario Episcopal de la Zona, Acacio Belandria, quien junto a su equipo de trabajo, nunca ha dejado de declarar ante los medios y ante quien sea, la falta de atención gubernamental y el estado de zozobra que vive la población altoapureña.

Y es que, desde hace más de cinco años, hemos escuchado las denuncias y la única respuesta que se obtiene es el incremento de la violencia y la ausencia de medidas eficaces para garantizar, al menos, el derecho a la vida y a la integridad personal de los habitantes de la frontera.

Tantos años de oídos sordos no pueden ser mera casualidad. La situación de ingobernabilidad, la presencia de grupos armados ilegales y la flagrante impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la frontera obedece sencillamente a que existen intereses de los actores involucrados, que son mayores al interés legítimo del Estado de ser soberano en esa región del país. En este sentido, el miedo a hablar y a denunciar de los ciudadanos por temor a represalias, la declaraciones mediatizadas y esporádicas de los funcionarios encargados de velar por el respeto de los derechos de la gente y la inexistencia de un poder civil fuerte y participativo que compense la militarización, favorecen a quienes se benefician de la ingobernabilidad de la frontera y del aumento de poder de los grupos irregulares en la zona.

Aun cuando ha habido un incremento en el reconocimiento de la situación, la población del Alto Apure sigue esperando por medidas elementales, tantas veces prometidas, para que esta situación sea distinta, las cuales no son precisamente la repotenciación y el aumento del arsenal militar de los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, los funcionarios del Poder Moral no deberían estar sólo para dar palabras de condolencia a las víctimas, sino que deberían esforzarse en lograr la justicia que éstas y sus familiares siguen reclamando y si es necesario exigir los recursos y el personal necesario para que la situación de la frontera cambie y así el tema de la violencia en la frontera deje de ser un “refrito”, como dice el Párroco Belandria, de los medios de comunicación.

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